(Por Valentina Machuca, abogada, miembro del Partido Comunista de Córdoba y asesora del bloque legislativo Partido Comunista-Peronismo Militante)
En la elaboración de este proyecto participaron voces autorizadas que conocen la realidad de este sistema penitenciario; así contamos con el valorable aporte de abogados de la Casa del Liberado, abogados, profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho y Cs. Sociales de la UNC, que tienen a su cargo la ejecución de un programa de extensión universitaria que se aborda en la cárcel de mujeres en Bower.
El proyecto consiste en la creación de cupos destinados a estas personas dentro de la planta de empleados de la administración pública provincial, empresas licitadas en la prestación de servicios públicos y empresas que obtienen beneficios fiscales y subsidios por parte de la Provincia, comprometiendo así, en este último grupo a las grandes automotrices que cada año se ven exentas de impuestos y costos en el marco de las políticas de promoción industrial.
Con esta iniciativa se pretende dar respuesta a la difícil situación por la que atraviesan estas personas que al igual que el resto de la población tiene dificultades para acceder al trabajo, pero además de ello cargan con el “estigma del penado”, con antecedentes que no sólo no permiten su reinserción laboral sino que, más grave aún, lo marginan socialmente.
La voz cantante pide mayor seguridad, pena de muerte, más represión, judicialización de los niños y niñas, pero no propone nada cuando una persona que cumplió su condena, que pago su deuda para con la sociedad según así lo entiende este sistema, sale a la calle y sólo encuentra puertas cerradas. En el diseño de las políticas de seguridad, también debe abordarse esta problemática, pero debe hacerse en forma coordinada con los ministerios de educación, trabajo y desarrollo social, desplegando una política con una mirada integral.
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