Encuentro de jóvenes hacia la Constituyente Social

L

a Federación Juvenil Comunista analiza las jornadas desarrolladas en Embalse Río Tercero, donde participaron delegaciones de organizaciones de todo el país.

Del encuentro de jóvenes hacia una Constituyente Social participaron alrededor de 1500 jóvenes pertenecientes a 400 organizaciones territoriales, estudiantiles, sociales y políticas de todo el país.

Desarrollado entre el 15 y 16 de agosto en Embalse de Río Tercero, provincia de Córdoba, el encuentro fue altamente valorado por la dirección nacional de la Federación Juvenil Comunista. “Participamos con una importantísima presencia integrada por delegaciones de jóvenes comunistas de catorce provincias y un total de 120 compañeros y compañeras que son parte de los movimientos estudiantiles, campesinos, territoriales y sindicales que impulsa la Fede en todo el país”, analizó la FJC.

“Es de una alta valoración para nosotros, que jóvenes de las más diversas experiencias de militancia se reúnan a discutir un proyecto de país, como lo planteara la consigna de la convocatoria, y de cómo concretarlo”, agregaron para luego explicar que “nuestra propuesta giró en torno al análisis de la situación en nuestro país, al avance de la derecha y su articulación con las derechas del resto del continente como parte de la política imperial”. Y añadieron, a modo de ejemplo, los casos del golpe de Estado en Honduras y la instalación de bases militares en Colombia.

“La Fede participó de estos debates con materiales propios que sirvieron para dar a conocer nuestras posiciones, que se convirtieron rápidamente en una parte muy importante de lo que fueron luego las conclusiones finales del encuentro: la distribución de la riqueza, la defensa del patrimonio nacional y el paso de la resistencia ideológica a la ofensiva política para poder construir en nuestro país el socialismo del siglo 21, la construcción de una herramienta política plural y profunda, una alternativa política que resuelva en clave popular de liberación la oportunidad que se abre camino en nuestro continente”, se detalló.

Asimismo, los jóvenes comunistas señalaron que “un primer balance indica un saldo muy positivo de nuestra participación”. Además, destacaron que “la Constituyente Social puede convertirse en uno de los espacios de articulación de las experiencias de organización juvenil que aporte en el mismo sentido que lo vienen haciendo otros, de similares características, a lo largo del país. Este espacio tiene la posibilidad de ir cobrando cada vez más protagonismo en la medida que vaya cosechando aciertos políticos”.

Estos aciertos políticos dependerán, afirmó la dirección de los jóvenes comunistas argentinos, “de una adecuada lectura de la etapa política que transitamos en nuestro país y en el continente. De la clara identificación del enemigo común de nuestros pueblos, el imperialismo, de la elaboración de una propuesta programática que desarrolle integralmente las temáticas sociales a abordar saliendo de las consignas generales y de una renovada vocación por unir sectores, sin sectarismo sin parcialidades a la hora de definir nuestras prioridades”.

Por su parte, Leo Herrera, secretario político de la FJC de la provincia de Buenos Aires, además de valorar las jornadas de debate en Córdoba, destacó que “para la Fede bonaerense, que veníamos de un arduo trabajo con la juventud de Nuevo Encuentro, esto ha significado la posibilidad de presentar ante los hermanos de todo el país la experiencia de esta construcción en nuestra provincia a modo de aporte”. Y agregó: “Porque hacia una constituyente vamos, y lo haremos desde la construcción de un espectro político amplio y de avanzada, incluyendo a todas las experiencias vividas alrededor del país”.

Leo señaló que el aporte de la delegación de la FJC de la provincia de Buenos Aires, compuesta por 55 compañeros, “fue en función de dotar a este espacio de las reivindicaciones más sentidas de los jóvenes, como primera vivienda, empleo juvenil, asignación universal por hijo, ley de educación superior, ley de educación federal, la pelea por no permitir la baja de la edad de imputabilidad y todo tipo de criminalización de los jóvenes”.

Por último, Leo Herrera subrayó “el foro sobre la universidad que se constituyó en el marco del Encuentro, con la presencia de un centenar de estudiantes -de las universidades nacionales de Córdoba, Río Cuarto, Rosario, Comahue, San Juan Bosco (Patagonia), La Pampa, de Buenos Aires, La Plata, General Sarmiento, San Martín, Lanús, del Centro (Tandil) y Mar del Plata- que debatieron sobre la situación de la educación universitaria en la Argentina y sobre las formas de disputar la construcción del conocimiento”.

“Allí dimos nuestros aportes con el mismo espíritu que nos trascendió todo el encuentro a la Fede de todo el país, con una gran presencia”, concluyó.

El papelón del Diario de la República

Un sabor amargo le dejó la derrota sufrida al oficialismo sanluiseño respecto al acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Estado nacional. Todos los medios posibles fueron utilizados para denostar esa iniciativa, y lo peor de todo, confundir a todo el pueblo transmitiendo un mensaje negativo, acusatorio.

Tanto desde San Luis Sat como desde El Diario de la República se dedicaron esfuerzos para deformar la realidad. Por supuesto, detrás de todo siempre hay una intencionalidad política e ideológica. Aquí nos remitiremos solamente a algunas notas publicadas en el único diario provincial.

En la edición del jueves 13 de agosto, en la página 12, la editorial lleva el título de “Tarjeta roja”. Hay algunos pasajes interesantes, por ejemplo los siguientes: “La rescisión unilateral del contrato que unía a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con la empresa Televisión Satelital Codificada (TSC), propietaria de los derechos televisivos del fútbol nacional durante los últimos 22 años, ha generado una controversia tan grande como las enormes cifras de dinero que se mencionan. [...] Imperan la falta de transparencia, la inseguridad jurídica, la fingida candidez a la hora de negociar, los intereses cruzados y las posturas intransigentes.”

Luego de enunciar que se había creado un monopolio, como era de esperarse, la voz patronal se asoma por el discurso oficial: “En medio de tanta confusión la empresa TSC ya anunció que iniciará acciones legales contra la AFA y contra los clubes. Se estima que el monto del resarcimiento podría rondar los 1.500 millones de pesos.”

Por si fuera poco, al costado derecho de la editorial se encuentran tres notas de “opinión”. La primera lleva el título de “Decisiones bajo la superficie”, y la firma Carmen Coiro, de la agencia DyN, y comienza refiriéndose a las declaraciones del Papa sobre la pobreza “escandalosa” en Argentina. Sin hacerse eco del fascismo ESCANDALOSO de Ratzinger, esta señora sintoniza totalmente con los mensajes golpistas de la derecha más recalcitrante del ’76 y de la actualidad. Veamos el pedido de auxilio que hizo: “Y como lo graficó muy bien Bergoglio, la mayoría de la gente ya no tiene esperanzas, ‘tiró la toalla’. No tiene más a quién pedir. Sólo le queda Dios... Porque tampoco la oposición está haciendo nada para aliviar a la sufriente sociedad (...) La debilidad de la clase política argentina es una realidad tan dura como el malhumor social que impera hoy en el país. Nadie parece tomar nota en la cúpula del peligro que acecha si no se pone cada uno ‘a sus cosas’, a cumplir de una vez por todas con los deberes que le impone la Constitución y el régimen democrático. No se puede dejar sola a la gente cuando atraviesa su peor momento.”

Nos alegra contestarle a Carmen Coiro que hay quienes lucharemos con toda nuestra fuerza para impedir que se concrete su pedido. Siempre la derecha ha utilizado las banderas de la democracia, la Constitución, el orden y las leyes, justamente para destruirlas e instaurar dictaduras y justificar masacres y genocidios. Esta vez se tendrá que quedar con las ganas, por más que pida golpes de Estado abusando de la libertad de expresión.

La tercer nota tiene como encabezado “La oposición no logra capitalizar el resultado del 28 de junio”. Pero resulta innecesario detenerse allí. Es imperdible la segunda, “El Estado en la Argentina pasó a ser el primer grupo económico concentrado y tiene enorme poder de mercado.” El autor es Adrián Lucardi, también de la agencia DyN, quien además es “Investigador Asociado del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).” Tal vez Carlos Menem, Domingo Cavallo o los hermanos Rodríguez Saá derramarían lágrimas de emoción al ver que alguien se inspire en ellos tan orgullosamente. Veamos: “En este sentido, se anotan las estatizaciones de Aerolíneas, Massuh y Mahle, pero sobre todo las de las AFJP, que puso en manos de un organismo politizado como el ANSeS las acciones de 44 compañías que cotizan en Bolsa. Ello otorga al Gobierno la posibilidad de presionarlas para que se comporten de acuerdo con criterios políticos, como ya hizo con Aerolíneas en el pasado, cuando era administrada por privados.”

Aún falta lo mejor (por si quedaban dudas de que esta persona defiende el neoliberalismo): “El mejor seguro contra el dirigismo consiste en privatizar las empresas públicas y limitar severamente los poderes regulatorios del Estado. Pero cuando como sucede en la Argentina, ello no es políticamente viable en el corto plazo, lo mejor que se puede hacer es desconcentrar el poder del Estado, evitando que se comporte como un actor unitario que determine los incentivos de la economía como un todo.”

Por otra parte, en la edición del lunes 17 de agosto, en la sección “El país”, página 15, la nota lleva el siguiente titular: “Empresarios critican ‘injerencias’ del Gobierno en el sector privado”. La firma es de “redacción de El diario de la República”. Cita un comunicado de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la cual “nuclea a los titulares de las empresas más importantes de la Argentina, de todos los sectores, que facturan unos 200 mil millones de pesos.”

Un fragmento de dicho comunicado dice que “se han reiterado intervenciones públicas discriminatorias e injustificadas en diversos ámbitos de la actividad privada” y que la actuación “estatal arbitraria en el vínculo entre la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y la empresa Televisión Satelital Codificada (TSC) es un ejemplo (...), ya que provoca la ruptura de un contrato entre partes privadas”.

Para finalizar, veamos el catastrofismo de la nota de la página 27, del jueves 20 de agosto, en la sección “Deportes-Fúnebres”:

Volanta: “Con una inversión estatal de 600 millones de pesos anuales”

Título: “Hoy anuncian en Ezeiza la televisación ‘gratuita’ del fútbol”

Copete: “La presidenta Cristina Fernández y el titular de la AFA Julio Grondona confirmarán la TV para todos los partidos de fútbol de primera división por Canal 7. Será gratis para algunos, por ejemplo en San Luis, sólo se verá por cable”.

A esta altura, es difícil discernir si es totalmente malintencionado el mensaje, o si realmente estamos ante un elevadísimo grado de estupidez política. O tal vez, como podría pensarse, hay un equilibrio de un cincuenta por ciento entre ambas. Estos son los contundentes argumentos que explican todo (fruto seguramente de una ardua investigación científico-periodística, recurriendo, por qué no, al método hipotético-deductivo): “Claro que lo de TV ‘gratuita’ será solo para algunos. En la mayor parte del interior del país Canal 7 llega a través del cable. Por caso en la provincia de San Luis no se puede ver el canal estatal nacional si no es por medio de alguno de los cables. La historia cambiaría si Canal7 bajase esa señal a los canales provinciales. Por ejemplo, si le diese la señal a San Luis SAT, de esa manera sí se podría decir, puntualmente en San Luis, que los partidos se verían gratuitamente. De lo contrario, no se pagará codificado, pero hay que abonar el cable. No será televisación gratuita.”

Para cerrar el artículo, haciendo gala de un conocimiento envidiable, sólo comparable a las investigaciones de detectives privados de la talla de Sherlock Holmes, sentencia: “había gestiones con otras emisoras de TV abierta para incorporarse a la transmisión de los encuentros, aunque ello podría definirse la próxima semana.” A modo de comentario, puedo decir humildemente que hace más de una década no tengo televisión por cable, de modo que me aburro con el 95% de la programación de San Luis Sat, antes Canal 13, hace varios años. Así que fue una gran sorpresa para mí que el pronóstico terrorífico del Diario de la República se haya derrumbado tan rápido. Al día siguiente, el viernes 21 de agosto, pude ver en el canal provincial el partido Independiente-Newells. Permítanme la risa. Jajajaja.

Conclusiones:

1. La derecha en todo el país intentó durante los últimos días difundir la ideología neoliberal recurriendo a cuanta ocasión fuera posible. Antes se aferraron a defender al grupo Techint, luego a Clarín en defensa de una supuesta libertad de expresión (con monopolios como esos lo dudo mucho), y en general tienen el tema de la semana, o del mes, siempre buscan pegar por derecha con la política económica principalmente.

2. No resulta extraña la actitud del gobierno provincial. A través de sus medios quiso instalar la idea de que “los pobres no podrían ver fútbol”. Del mismo modo, en algún pasaje se habló del monopolio de TSC. Por supuesto, es gravísimo tener que pagar el cable. Lo que no dicen es qué cables hay aquí. El rodriguezsaaísmo hizo todo lo posible para instaurar la dictadura monopólica de una sola empresa de televisión por cable. Y ahora vienen a descubrir lo antipopular que resulta la concentración de atribuciones. ¡Un aplauso por favor!

3. El Diario de la República no puede ser tan impresentable. Sugiero que sus jefes vayan anotándose en la sección “Clasificados”: “Me ofrezco para ser escriba chanta. Experiencia en poder de manipulación social”.

Martín Godoy - Secretario político del Partido Comunista de Villa Mercedes

El golpe en Honduras: La conexión estadounidense

14-08-2009

El golpe en Honduras: La conexión estadounidense

Conn Hallinan

Global Research

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Aunque la administración Obama puso buen cuidado en distanciarse del reciente golpe en Honduras –condenando la expulsión del Presidente Manuel Zelaya a Costa Rica, revocando los visados de oficiales hondureños y cortando las ayudas-, eso no significa que no haya influyentes estadounidenses implicados ni cosas que explicar por ambas partes.

La historia que les está llegando acerca del golpe a la mayoría de los lectores estadounidenses es que Zelaya –un aliado del Presidente venezolano, Hugo Chavez- fue depuesto porque trató de cambiar la constitución para así poder mantenerse en el poder.

La historia representa una distorsión masiva de los hechos. Todo lo que Zelaya estaba intentando hacer era preparar un referéndum no vinculante que llamara a celebrar una convención constitucional, una medida por la que llevaban mucho tiempo abogando sindicatos, grupos indígenas y organizaciones de activistas sociales. La actual constitución fue elaborada por el ejército hondureño en 1982 y el límite de un solo mandato permite que los oficiales militares de alto rango dominen la política del país. Ya que la convención iba a celebrarse en noviembre, el mismo mes de las próximas elecciones presidenciales, no había ninguna posibilidad de que Zelaya hubiera podido permanecer en su puesto. Lo más que podría haber hecho era presentarse una vez transcurridos cuatro años.

Y aunque Zelaya, en efecto, se muestra amistoso con Chavez, es como mucho un reformador liberal cuyo mayor logro ha sido elevar los salarios mínimos. “Lo que Zelaya ha hecho han sido pequeñas reformas”, declaró Rafael Alegría, un dirigente de Vía Campesina, al diario mejicano La Jornada. “No es ni un socialista ni un revolucionario, pero esas reformas, que hicieron mucho daño a la oligarquía, fueron lo suficiente para que le atacaran con toda furia”.

Una de esas “pequeñas reformas” tenía como objetivo asegurar el control público de la industria de las telecomunicaciones hondureñas, y bien pudo haber sido el detonante que provocó el golpe.

El primer indicio de que había algo en marcha fue un pleito entablado por el abogado venezolano Robert Carmona-Borjas afirmando que Zelaya formaba parte de una red de sobornos en la que estaba implicada la compañía de telecomunicaciones estatal Hondutel.

Carmona-Borjas tiene antecedentes penales que datan del golpe de abril de 2002 contra Chavez. Fue él quien redactó los infames “decretos Carmona”, una serie de leyes draconianas que perseguían suspender la constitución venezolana y suprimir cualquier resistencia al golpe. Como los seguidores de Chavez se lanzaron a las calles y el complot quedó al descubierto, tuvo que escapar a Washington D.C.

Allí encontró un puesto en la Universidad George Washington y se llevó a los conspiradores del Irán-Contra Otto Reich y Elliott Abrams para que dieran clase sobre “Administración Política en América Latina”. También se convirtió en vicepresidente de la derechista Fundación Arcadia, que presiona a favor de políticas de libre mercado.

Semanas antes del golpe hondureño del 28 de junio, Carmona-Borjas estuvo por todo el país haciendo campaña acusando a Zelaya de colaborar con los narcotraficantes.

Reich, un cubano-estadounidense vinculado a grupos derechistas por toda América Latina y ex vicesecretario de estado para asuntos del hemisferio con George W. Bush, ha sido acusado por la Organización Fraternal Negra Hondureña de “implicación incontestable” en el golpe.

Eso no es sorprendente en absoluto. Los antecedentes de Reich hacen que Carmona-Borjas parezca un boy scout.

Una investigación del Congreso de 1987 le pilló utilizando fondos públicos para dedicarlos a propaganda durante la guerra de la administración Reagan contra Nicaragua. También es un feroz abogado de Orlando Bosh y Luis Posada Carriles, ambos implicados en la bomba colocada en 1973 en un avión cubano que acabó con las vidas de los 73 pasajeros que iban a bordo.

Reich es un crítico feroz de Zelaya y, en un reciente artículo en el Weekly Standard, urgió a la Administración Obama a no apoyar al “hombre fuerte” Zelaya porque “eso colocaría de forma clara a EEUU en el mismo campo que los hermanos del Castro de Cuba, del Chavez de Venezuela y de otros delincuentes regionales”.

La vuelta de Zelaya ha sido unánimemente apoyada por la Asamblea General de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos.

Una de las acusaciones que Reich lanza contra Zelaya es que supone que el presidente hondureño está implicado en sobornos pagados por la compañía estatal de telecomunicaciones Hondutel. Zelaya está amenazando con presentar un pleito por difamación ante esa acusación.

Las acusaciones de Reich contra Hondutel apenas se mantienen en pie.

El cubano-estadounidense, ex miembro del lobby AT&T, está muy próximo al Senador de Arizona John McCain, del que fue asesor para Latinoamérica durante la carrera del Senador para la presidencia. A John McCain se le llama Míster Telecomunicaciones.

El Senador tiene profundos lazos con gigantes de las telecomunicaciones como AT&T, MCI y Qualcomm y, según Nicolas Kozloff, autor de “Hugo Chavez: Oil, Politics and the Challenge of the U.S.”, “ha actuado para proteger y desarrollar los intereses políticos de las telecos en Capitol Hill”.

AT&T es el segundo mayor donante de MacCain, y la compañía financia también generosamente al Instituto Republicano Internacional de McCain (IRI, por sus siglas en inglés), que ha emprendido una guerra contra los regímenes de Latinoamérica que se han resistido a la privatización de las telecomunicaciones. Según Kozloff, “el Presidente Zelaya era conocido por ser un feroz crítico de la privatización de las telecomunicaciones”.

Cuando los dirigentes del golpe en Venezuela fueron a Washington un mes antes de su fallido esfuerzo de derrocar a Chavez, fue IRI quien pagó la cuenta. Reich, por entonces enviado especial de la Secretaria de Estado Condoleezza Rice al hemisferio occidental, se reunió con algunos de esos dirigentes.

En 2004, Reich fundó su propia agencia para desempeñar tareas de lobby y se metió de lleno en negocios de pistolas, ron, tabaco y ropa deportiva. Entre sus clientes figuraban Lockheed Martin (el mayor negociante del mundo de armas), British American Tobacco y Bacardi. También es vicepresidente de Worldside Responsable Apparel Productions, un frente industrial de ropa que persigue desbaratar el movimiento en contra de la confección de ropa en fábricas que funcionan con un régimen de mano de obra esclavista.

Los republicanos del Congreso han acusado a la Administración Obama de ser “suaves” con Zelaya y han protestado por el apoyo de la Casa Blanca al presidente hondureño votando en contra de los candidatos propuestos para los cargos de embajador en Brasil y vicesecretario de estado.

Pero la intromisión en Honduras es una tarea bipartidista.

“Si quieres entender quién es el poder real que hay tras el golpe [hondureño], tendrás que averiguar quien está pagando a Lanny Davis”, dice Robert White, ex embajador estadounidense ante El Salvador y actual presidente del Centro para la Política Internacional.

Davis, más conocido como el abogado que representó a Bill Clinton durante su impeachment, ha estado presionando a los miembros del Congreso y testificando en apoyo del golpe ante el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso.

Según Roberto Lovato, editor asociado de New American Media, Davis representa el capítulo hondureño de CEAL, el Consejo Empresarial para América Latina, que apoyó firmemente el golpe. Davis le dijo a Lovato: “Estoy orgulloso de representar a empresarios que están comprometidos con el estado de derecho”.

Pero White dice que el golpe tenía mucho más que ver con los beneficios que con el derecho.

“Los golpes tienen lugar porque gente muy rica quiere que se produzcan y ayudan con todos sus medios a ese objetivo, gentes que solían considerar el país como una máquina de hacer dinero y de repente se encuentran con una serie de leyes sociales a favor de los pobres que representan una amenaza para sus intereses”, dice White. “El salario medio de un trabajador en las zonas de libre comercio es de 0,77 $ [0,49 €] la hora”.

Según el Banco Mundial, el 66% de los hondureños vive por debajo del límite de la pobreza.

EEUU está también implicado en el golpe a través de toda una red de agencias que canalizan los fondos y entrenan a los grupos contrarios al gobierno. El Fondo Nacional por la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) contribuyen a financiar las organizaciones de extrema derecha que apoyaron el golpe, incluyendo el Movimiento por la Paz y la Democracia y la Unión Democrática Civil. Muchos de los oficiales que sacaron a Zelaya a San José estaban entrenados por el Instituto Hemisférico Occidental para la Cooperación de Seguridad, la antigua “Escuela para las Américas” que ha visto pasar por sus puertas a torturadores y golpistas de todos los países de América Latina. Reich trabajó para la junta del Instituto.

La Administración Obama condenó el golpe, pero cuando Zelaya viajó a la frontera entre Honduras y Nicargagua, la Secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton le denunció por su acción “provocativa”. Fue una declaración sorprendente teniendo en cuenta que el Departamento de Estado no dijo en cambio nada sobre un informe del Comité de Detenidos Desaparecidos en Honduras acusando de 1.100 violaciones de los derechos humanos al régimen golpista, incluyendo detenciones, palizas y asesinatos.

Las violaciones de los derechos humanos del gobierno golpista han sido condenadas por la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, la International Observer Mission, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Comité de Protesta de los Periodistas y Reporteros Sin Fronteras.

Davis afirma que el golpe fue una maniobra “legal” para preservar la democracia. Pero ese es un argumento difícil de tragar teniendo en cuenta algunas de las personalidades que estaban tras él. Uno de ellos es Fernando Joya, un ex miembro del Batallón 316, un escuadrón de la muerte paramilitar. Joya escapó del país tras ser acusado de secuestrar y torturar a varios estudiantes en la década de los ochenta del siglo pasado, pero ha vuelto a aparecer ahora como “asesor especial de seguridad” de los golpistas. Recientemente, dio una entrevista por televisión en la que comparó favorablemente el golpe chileno de 1970 en relación con el golpe hondureño del 28 de junio.

Según Greg Grandin, profesor de historia en la Universidad de Nueva York, entre los golpistas tamibén figuraba una organización católica de extrema derecha, el Opus Dei, cuyas raíces datan del régimen fascista del caudillo español Francisco Franco.

En los viejos días, cuando EEUU derrocaba rutinariamente los gobiernos que no le gustaban, los Marines habrían entrado, como hicieron en Guatemala y en Nicaragua, o la CIA habría urdido un golpe a través de las elites locales. Nadie ha acusado a la inteligencia estadounidense de estar implicada en el golpe de Honduras y las tropas de EEUU en el país están manteniendo un perfil bajo. Pero las huellas de instituciones estadounidenses como NED, USAID y la Escuela para las Américas –más los lobbystas bipartidistas, corporaciones poderosas e inspirados guerreros de la Guerra Fría- están todos metidos en la toma del poder de junio.

Puede contactarse con Conn Hallinan en: ringoanne@sbcglobal.net

Enlace con texto original:

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14741

Extraído de:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=90066

La vacuna contra la gripe A (H1N1) y los países pobres

03-08-2009

La vacuna contra la gripe A (H1N1) y los países pobres

Martin Khor

Red del Tercer Mundo

La gran demanda y las partidas limitadas que podrían fabricarse en corto tiempo podrían dejar a los países en desarrollo sin la vacuna para el virus de la gripe A (H1N1).

La vacuna se fabrica utilizando partes del propio virus y sólo pueden lograrse cientos de millones de dosis por año. Los países desarrollados ya reservaron casi todas las que pueden producirse. Gran Bretaña, por ejemplo, ordenó sesenta millones de dosis, una por habitante. Según la Organización Mundial de la Salud, quizás a fin de este año esté pronta una vacuna autorizada. Pero algunos gobiernos ya se están preparando para comenzar antes las vacunaciones. Los primeros ensayos humanos comenzaron en Australia.

A medida que la gripe continúa esparciéndose rápidamente por todo el mundo, expertos citados en un informe de la agencia de noticias AP advierten que durante una epidemia mundial los gobiernos se ven sometidos a una tremenda presión para proteger primero a sus ciudadanos antes de permitir que las empresas exporten dosis de vacunas. “Si hay una enfermedad grave, los países querrán reservar la vacuna para sus propios ciudadanos”, declaró Michael Osterholm, director del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.

Se estima que el setenta por ciento de las vacunas contra la gripe que existen en el mundo se fabrican en Europa, mientras que en los países en desarrollo no hay prácticamente producción, por lo que se verán más afectados por la escasez.

Dos artículos publicados en la prensa británica la semana pasada ilustraron el problema inminente. Uno informó que las existencias de Tamiflu, el medicamento que podría tratar los síntomas de la gripe, están custodiadas por empresas de seguridad, ante la posibilidad de que ciudadanos temerosos por la epidemia pretendan ingresar a la fuerza a los depósitos. El otro consignó las protestas ciudadanas ante el hecho de que un laboratorio ganara miles de millones de dólares con la venta de medicamentos para la gripe a precios altos, lucrando con la creciente demanda.

El pánico cundió recientemente en Gran Bretaña cuando un ministro advirtió que podría haber diariamente cien mil casos nuevos de gripe A (H1N1) para fines de agosto. Afortunadamente la gripe es relativamente benigna y en muchos casos no es necesario un tratamiento médico. Sin embargo, los expertos temen que el virus pueda mutar y tornarse más peligroso.

Los países en desarrollo quedan fuera de la puja por obtener la vacuna, que es demasiado cara para que la mayoría de ellos pueda reservarla. Además, es probable que las empresas fabricantes ya hayan solicitado patentes. Así, aun si un país en desarrollo tuviera la tecnología para fabricar las vacunas, estaría impedido de hacerlo por la protección de la propiedad intelectual.

En la cumbre del Mercosur, el 24 de julio en Asunción, los presidentes reclamaron la suspensión de los derechos de patente sobre la vacuna en los países en desarrollo. La presidenta argentina Cristina Fernández dijo que Argentina, Uruguay y Brasil tienen industria farmacéutica en condiciones de producir antivirales o la vacuna. “Es indudable que estamos ante una situación que no puede estar subordinada a intereses económicos, porque estamos hablando de la vida de millones de personas”, afirmó. “Sería muy conveniente propiciar una suerte de levantamiento o suspensión en materia de derechos de patente porque la Organización Mundial de la Salud reconoce que estamos ante una pandemia” y privilegiar esa protección significaría “condenar a la muerte a millones de personas”, en tanto que suspenderla podría salvar millones de vidas.

La presidenta argentina agregó que los laboratorios no podrían responder a la demanda mundial de vacunas. El mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva propuso que los dirigentes discutieran el levantamiento de las patentes para ayudar a contener la epidemia y añadió que el ministro de Salud estaba negociando con todos los productores para mejorar la disponibilidad de la vacuna.

Los países en desarrollo están en su derecho de producir o importar una versión genérica de la vacuna, aún cuando esté patentada. En estos casos, el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre propiedad intelectual autoriza a los gobiernos a utilizar una flexibilidad en lo que respecta a la protección de las patentes, emitiendo “licencias obligatorias” (permiso que da un gobierno para producir un producto patentado o utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente).

Brasil, Ghana, India, Indonesia, Malasia y Tailandia ya han utilizado esas licencias para producir medicamentos para el tratamiento del VIH/SIDA. Por eso, si los países deciden emitir licencias para que las empresas produzcan u obtengan versiones genéricas de la vacuna contra la gripe A (H1N1), no sería la primera vez.

Martin Khor, fundador de Third World Network (TWN), es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.

Extraído de:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=89502&titular=la-vacuna-contra-la-gripe-a-(h1n1)-y-los-pa%EDses-pobres-

El Exxel Group cierra un negocio millonario con la CIA

13-08-2009

Desarrollará productos para la Central de Inteligencia

El Exxel Group cierra un negocio millonario con la CIA

Andrés Sanguinetti

Cronista.com

A través de dos de sus empresas controladas, el fondo de Juan Navarro invierte en tecnología utilizada por organismos de seguridad de los Estados Unidos

Lejos de los alfajores, los helados y de la venta de CD, el Exxel Group, que en los ‘90 concentró sus inversiones en grandes marcas locales como Havanna, Freddo y Musimundo, por estos años se ha convertido en un importante socio de las agencias de seguridad gubernamentales de los Estados Unidos.

Tras desprenderse de casi la totalidad de las empresas que compró en la década pasada (y que llegaron a ser 70), el fondo inversor que fundó y sigue comandando Juan Navarro comenzó a apostar por compañías relacionadas con el desarrollo de tecnología y productos para la industria de la defensa del país que preside Barack Obama.

Desde 2003 a la fecha, el Exxel ingresó al capital accionario de un grupo de firmas vinculadas a este sector que hoy forman parte de su portfolio inversor como son Brijot Imaging System, Destineer, Diligence, The Protective Group. Y recientemente se convirtió en el socio mayoritario de ThingMagic, una de las principales desarrolladoras de tecnología de radiofrecuencia bajo el sistema RFID. En la firma lleva invertidos u$s 10 millones y ya es el principal accionista con el 28% del capital.

ThingMagic fue fundada en 2000 por cuatro ex estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), tiene su sede en Cambridge y es una de las líderes del negocio de identificación por radiofrecuencia o RFID, y de tecnologías de cómputo de detección e integración.

El ingreso del Exxel Group data de 2006. Pero en el último tiempo el fondo inversor ha ido incrementando su participación mediante el aporte de fondos frescos utilizados mayormente para financiar nuevos negocios.

Lo hace junto a otros accionistas de renombre en el mundo tecnológico que tiene ThingMagic como son Nicholas Negroponte, profesor del MIT; y Cisco System, líder mundial en redes para Internet. De hecho, fue gracias a una gestión de Negroponte que Navarro se decidió a invertir en la empresa.

Inteligencia artificial

Ahora, ThingMagic acaba de cerrar un contrato con la Central de Inteligencia Americana (la mítica CIA) para expandir los alcances de su sistema de radiofrecuencia y de este modo facilitar la integración de esta tecnología a un mayor rango de aplicaciones. La idea es que el RFID sea útil también para organismos de inteligencia o para los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos.

La empresa del Exxel firmó el acuerdo con In-Q-Tel, un fondo inversor fundado por la CIA en 1999 y considerado su filial financiera. El principal objetivo de este private equity es apoyar a empresas dedicadas al desarrollo de nuevas tecnologías. “Estamos realizando un trabajo para los servicios de inteligencia de EE.UU que luego utilizarán los resultados para ciertos objetivos que son confidenciales”, confió a El Cronista una fuente del Exxel Group. “El objetivo es identificar el alcance de los lectores y sensores de la radiofrecuencia RFID. Es decir, poder conocer hasta qué distancia se puede captar una señal de RFID”, agregó el estrecho colaborador de Navarro.

La CIA no es la única clienta de ThingMagic que es proveedora de tecnología de la automotriz Ford, el gobierno del Estado de Florida, y a través del Exxel encaró un proceso de expansión en América latina que se maneja desde las oficinas locales del fondo inversor.

Pero ThingMagic no es la única empresa del Exxel que tiene lazos con la CIA. También los tiene Destineer, dedicada al desarrollo y venta de consolas y videojuegos, y a la fabricación de simuladores virtuales de entrenamiento para gobiernos, ejércitos y organizaciones de inteligencia. Entre los expertos, esta empresa está catalogada como la mejor en su sector.

Según la CIA, los usos potenciales de la tecnología de entrenamiento virtual que desarrolla incluyen a los sectores militares y de defensa norteamericanos, la Guardia Nacional, y hasta la OTAN.

Fuente: http://www.cronista.com/notas/196633-el-exxel-group-cierra-un-negocio-millonario-la-cia

Perpetua para Riveros por el asesinato del Negrito Floreal Avellaneda

Escrito por Redacción web PCA

(12 de agosto de 2009)

S

e trata del primer fallo por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. La fiscalía otorgó carcel de por vida para el ex general Santiago Omar Riveros (foto), acusado por el asesinato del militante comunista Floreal Avellaneda. Fue sentenciado junto a otros 5 ex militares, que recibieron penas de entre 8 y 25 años de prisión, todas de cumplimiento en cárceles comunes.

La fiscalía definió darle cadena perpetua al imputado Riveros quién fue condenado en 1985 e indultado cuatro años después por Carlos Menem. En Italia recibió una pena de cadena perpetua por la desaparición y muerte de tres ciudadanos italianos.

Los acusados son el ex comandante de Institutos Militares, general Santiago Omar Riveros; su jefe de inteligencia, general Fernando Verplaetsen, y el entonces jefe de la Escuela de Infantería, general Osvaldo García.

También estaban acusados los capitanes César Fragni y Rául Harsich, que estaban a cargo del centro de detención ilegal "El Campito", y Alberto Aneto, el principal de la comisaría de Villa Martelli que fue reconocido como jefe de los operativos de secuestro y tortura en Campo de Mayo.

Cuando los jueces le dieron la posibilidad de hacer el último descargo antes de dar a conocer el veredicto, el ex general Riveros denunció que le "Cortaron los derechos humanos" y pronosticó que la sentencia será condenatoria. "Las fuerzas armadas entablaron una guerra revolucionaria contra la agresión marxista", sostuvo el ex militar y remarcó que no cometió ilícitos, sino que sólo cumplió "órdenes".

Tras recordar que hace diez años permanece recluido en su domicilio "sin salir a la calle", Riveros defendió la ley de Obediencia Debida y desconoció al Congreso facultades para anularla, tal como lo hizo poco después de la asunción como presidente de Néstor Kirchner. "Mis jueces naturales son mi familia y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas", concluyó Riveros.

A los militares se les imputaba responsabilidad directa en el asesinato y en la privación ilegal de liberad de la madre, ahora querellante, mientras que al policía Aneto y a los dos oficiales de la Escuela de Infantería, la autoría directa de los delitos.

Las cuatro querellas y la fiscalía pidieron reclusión perpetua para los seis imputados, aunque la fiscalía pidió al mismo tiempo una pena alternativa de 25 años de prisión para Riveros y Verplatsen, 18 para García, 17 para Aneto y 15 para Harsich y Fragni. En tanto, las defensas pidieron la absolución total de los imputados. Pero se hizo justicia.

Contra las patronales, el “campo” popular

11-08-2009

Soberanía Alimentaria y mundo global

Fernando Glenza

Agencia Periodística del Mercosur

La crisis financiera internacional vista por los movimientos sociales. Crónica de un encuentro realizado en el Chaco argentino por la Unión de Campesinos Poriajhú.

Integrante de la Vía Campesina y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), la Unión de Campesinos Poriajhú –movimiento que nace como continuación de las luchas políticas y sociales de los años `30 y `40 y de las Ligas Agrarias en la provincia de Chaco-, organizó su tradicional encuentro anual durante los días 24 y 25 de julio pasados, durante el cual se analizó la crisis financiera internacional y se delinearon propuestas de acción.

El IV Encuentro Nacional de Organizaciones Campesinas y del Campo Popular “Por la Soberanía Política y del Campo Popular”, realizado en la localidad Presidencia Roque Sáenz Peña –alguna vez corazón algodonero de la Argentina, hoy devenido en periferia sojera-, expresó que las minorías poderosas continuarán trasladando las consecuencias de la crisis financiera hacia las mayorías empobrecidas del mundo, prolongando la misma fórmula neoliberal impuesta desde hace más de dos décadas, remarcando que la situación de indigencia y hambre se profundizará.

Las organizaciones participantes propusieron como respuesta a ese escenario una fuerte articulación entre los trabajadores del campo y la ciudad en la construcción de Soberanía Alimentaria, para una justa y equitativa distribución de alimentos genuinos, mediante una reforma agraria integral, promoviendo la agricultura familiar y campesina, y fomentando el sistema cooperativo en la producción y comercialización.

La Declaración Final fue elaborada por la Unión de Campesinos Poriajhú, junto al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, la Unión de Trabajadores Rurales (UTR), los Productores Unidos de Santiago de Liniers (PUSALI), los Productores Independientes de Piray (PIP), los Trabajadores Motosierristas (Neyke), la Organización de Pequeños Productores El Soberbio (OPPES), de la provincia de Misiones, la Asociación Productores del Chaco (APROCHA), el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), la Fundación de Investigación Sociales y Políticas (FISyP), la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP), la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), los Pequeños Productores de El Nochero y Villa Minetti, de la provincia de Santa Fe, y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Argentina.

Ese documento sostiene que “la profundización de la actual crisis del capitalismo global supone gravísimas consecuencias para todos los pueblos del planeta. Es de esperar que en cuanto avanza la crisis, las minorías poderosas continuarán trasladando las consecuencias hacia las mayorías empobrecidas del mundo, aumentando todavía más el desempleo, la exclusión, la pobreza y la indigencia, una situación que resulta inmoral como parte del malestar mundial e históricamente provocado por el sistema capitalista.”

“Esta crisis no tiene antecedentes en la historia, y por su carácter integral afecta a todo el sistema económico, político, ecológico y social a escala global; difícilmente se superará en el corto plazo, mucho menos con las medidas que han venido siendo aplicadas. Hay que advertir que las salidas que se plantean sólo seguirán empeorando la situación, pues las potencias hegemónicas aliadas con los organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, con el único objetivo de mantener sus intereses, insisten en prolongar la misma fórmula neoliberal impuesta desde hace más de dos décadas. Así, seguirán traspasándonos lo peor del problema hacia los países pobres y, principalmente, a los pobres de todas las naciones. Con esto, una vez más se demuestra que el capitalismo no resuelve los problemas de los pueblos ni aquellos de las gentes del común de todas partes, sino que existe para favorecer exclusivamente a unos pocos”, destacaron los movimientos congregados en el Chaco.

“En consecuencia, la situación de indigencia y hambre continuará profundizándose. Por ejemplo Argentina, que tendría el potencial para producir alimentos suficientes para cubrir las necesidades alimentarias de su población con base en modelos alternativos como la agricultura campesina, hoy registra niveles alarmantes de pobreza y desnutrición. Una situación similar la comparten los pueblos de Nuestra América Latina y el Caribe”, añadió el documento.

También sostuvo que “vale la pena resaltar las problemáticas específicas, rurales y urbanas, planteadas por nuestras organizaciones, como ser: el avance de los monocultivos destinados predominantemente hacia la producción de agro-combustibles y forrajes; serias afecciones a la salud de los pobladores, fruto del uso masivo e inescrupuloso de agro-tóxicos; desplazamiento de los pueblos originarios y expulsión de campesinos; la destrucción del medio ambiente y la biodiversidad; extinción de la pequeña agricultura y desvalorización de sus prácticas culturales, producto de la concentración de la tierra y del capital en pocas manos. De continuar el rumbo de esta crisis, será irreversible el agravamiento de las condiciones socioeconómicas de nuestros pueblos y de la región”.

Ante esas perspectivas los movimientos sociales propusieron: “promover la fuerte articulación entre los trabajadores del campo y la ciudad; consolidar los esfuerzos organizativos en el campo popular y avanzar en las luchas por las reivindicaciones de los/as trabajadoras y de los pueblos en general. Construir la Soberanía Alimentaria –derecho inalienable de los pueblos- para una justa y equitativa distribución de los alimentos mediante una reforma agraria integral, promoviendo la agricultura familiar y fomentando el sistema cooperativo en la producción y comercialización.”

“En este sentido, el papel de las organizaciones del campo popular y de la sociedad en general para lograr alternativas reales al modelo de desarrollo hegemónico, es fundamental y urgente. Resulta entonces necesaria la unidad en la lucha de la clase trabajadora por el camino de transformación profunda, bajo un horizonte anticapitalista de soberanía política con propuestas que respondan definitivamente a los intereses populares y posibiliten auténticas salidas a la crisis”, puntualizó el documento de Presidente Roque Sáenz Peña.

Sentencia en el juicio por el asesinato de Floreal “Negrito” Avellaneda

(11 de agosto de 2009, Comunicado de Justicia YA! Buenos Aires)

Este miércoles 12 a las 9.30 se conocerá la sentencia en el juicio por el asesinato de Floreal Avellaneda y por el secuestro y aplicación de tormentos a su madre, Iris Pereyra de Avellaneda. Convocamos a todas las organizaciones a movilizarse a los Tribunales de San Martín ( Balbín 1753), para exigir juicio y castigo a TODOS los genocidas y justicia para los 30 mil compañeros detenidos- desaparecidos.

EL CASOEl Negrito Avellaneda, de catorce años, fue secuestrado junto con su madre el 15 de abril de 1976 y sometido a terribles torturas en la comisaría de Villa Martelli. Su cuerpo, con signos de haber sufrido feroces torturas, apareció en las costas uruguayas.Por su parte, Iris Pereyra de Avellaneda fue trasladada de la dependencia policial al Campito, uno de los centros clandestinos que funcionó en Campo de Mayo. Después, a la penitenciaría de Olmos. Recién recuperó su libertad en julio de 1978.
LOS GENOCIDAS EN EL BANQUILLOSólo seis represores fueron enjuiciados por el asesinato del Negrito y por el secuestro y las torturas a su mamá. Santiago Omar Riveros está imputado en su carácter de jefe del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo desde 1976 a 1978. Asimismo, fue jefe de la zona IV, que incluía los partidos de Tigre, San Martín, Escobar y Vicente López, entre otros. También, fue el interlocutor de los genocidas argentinos frente a la Junta Interamericana de Defensa. Por su parte, Osvaldo García fue el director de la Escuela de Infantería- que dependía del Comando de Institutos Militares- y también ejerció como jefe de la sub-área Vicente López. César Fragni y Raúl Harsich eran subordinados de García. Fernando Verplaetsen se desempeñó como jefe del Área de Inteligencia II de Institutos Militares desde antes del golpe genocida hasta diciembre de 1977. Este represor también ocupó el cargo de jefe de la Policía Bonaerense durante los últimos años de la dictadura, reemplazando a Ramón Camps.El único oficial de la policía bonaerense que estará presente en este juicio es Alberto Aneto, que cumplía funciones como oficial de judiciales en la comisaría de Villa Martelli, dependencia que estaba bajo la órbita de Riveros.

EL JUICIOEl juicio se inició el 27 de abril en los tribunales de San Martín. EL TOF 1, encabezado por la jueza Lucila Larrandart, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por Justicia YA! por hostigar a los testigos y a los abogados querellantes. Ahora, estará en sus manos dictar la sentencia. A 33 años del golpe genocida y a seis de anuladas la leyes de Obediencia Debida y punto Final, la justicia recién está juzgando a seis genocidas por sólo dos casos de los 5000 que pasaron por Campo de Mayo. Este desguace de las causas contra los genocidas reproduce y es funcional a la impunidad.

VAMOS POR GENOCIDIOComo lo hizo en los otros juicios en los que participó, Justicia YA! reclamó que Riveros, Harsich, Verplaetsen, Fragni, Aneto y García sean condenados por lo que son: GENOCIDAS y que cumplan su pena en CÁRCEL COMÚN y EFECTIVA.


Justicia YA! Buenos Aires está integrado por: Asociación Anahí, Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares; Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad.

El grito de guerra de la coalición agraria destituyente

(La Mesa de Enlace continúa con su ofensiva)

El MCL hizo público su repudio a la postura adoptada públicamente por las organizaciones patronales del agro. Con una declaración el Movimiento Campesino Liberación, fijó su postura en relación a las recientes manifestaciones de los integrantes de la Mesa de Enlace.

El MCL señala que “como en un grito de guerra, los jinetes del Apocalipsis agrario, punta de lanza y fuerza de choque de la movida por la restauración conservadora, mostraron su peor cara en el salón rojo del predio de la “ilustre Sociedad Rural Argentina”, fundada por José Alfredo Martínez de Hoz (abuelo del nefasto, tan nefasto como el por todos conocido)”, al tiempo que recuerda que “Mario Llambías se siente orgulloso de tal origen histórico según sus dichos”.

Continúa señalando el MCL que “ésta y otras manifestaciones de los allí presentes demuestra que el triunfo electoral no produce equilibrios sino que los enardece y permite que manifiesten descaradamente su verdadera ideología, a tono con la contraofensiva imperial en el continente que hoy tiene su epicentro en Honduras”.

También recalca que tales manifestaciones son la expresión de la derecha latinoamericana “que en estas tierras cuenta con los valiosos aportes de legitimación social a través de los dichos de uno de los fundadores del Movimiento Productivo Argentino, Eduardo Buzzi, defector del campo popular si los hay”.

Y apunta sus dardos contra el titular de FAA, al sostener que Buzzi ratifica su papel, no ya en la coyuntura, sino en trazos para la historia. “Nuestro ex compañero -sigue reseñando el MCL- planteó que el gobierno no tiene más margen ni la Mesa de Enlace paciencia eterna, mientras se escuchaban gritos de la tribuna pidiendo que se vayan, que terminen, etcétera, remembrando aquello que se escuchaba en los piquetes de teflón: Váyanse a Cuba o Venezuela, montoneros fracasados, así como no se privó de fustigar a su ex aliado Daniel Scioli”.

El MCL señala que, en medio de este clima y los antecedentes discursivos y fácticos ya conocidos, se podía inferir que la propuesta que llevaría la Mesa de Enlace a la reunión que mantuvo con el gobierno sería la que en definitiva fue, esto es, cero retenciones en trigo y maíz y 25 por ciento en soja a los productores de 1.500 toneladas para arriba y de manera temporal.

“Decir esto o asumir el desfinanciamiento casi total del Estado es muy parecido”, puntualiza el MCL y añade que “queda claro que el objetivo es minar ahora la base económica del gobierno para lograr acotar lo más posible su autonomía, finalmente debilitarlo y sustituirlo ordenadamente, si fuera posible”, por lo que “el paso siguiente es avanzar sobre las reprivatizaciones, multiplicar las ganancias agroexportadoras al extremo, profundizar la concentración de la riqueza y someter más brutalmente a la pobreza e indigencia a millones de compatriotas de la ciudad y el campo”. Y, como frutilla del postre, la ruptura de las relaciones internacionales con los países hermanos de América Latina de orientación progresista”.

Por lo tanto, el MCL no dudó en repudiar enérgicamente “el gesto que anuncia los nuevos pasos de la restauración conservadora”, al tiempo que realizó un fuerte llamamiento “a todos los compañeros y organizaciones del recientemente constituido Espacio Nacional de Articulación de Organizaciones Agrarias y Campesinas, a mantenernos unidos, ampliar el espacio y seguir haciendo gestiones para ser recibidos por el gobierno nacional en el marco del diálogo habilitado”.
Este, finaliza, “es nuestro camino para poner sobra la mesa como prioridad pública los problemas y las soluciones de los pequeños agricultores familiares y campesinos, verdaderos hacedores de soberanía alimentaria y sujetos para el cambio con justicia social”.

Bases norteamericanas en Colombia y la Quinta Fuerza Armada del Pentágono

(Por Juan Roque, Secretario General del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos -Mopassol-www.mopassol.com.ar)

América Latina mira absorta dos hechos (¿desvinculados?) que están conmoviendo a la región; el golpe cívico-empresarial y militar en Honduras y la instalación de siete bases militares del Comando Sur de los Estados Unidos en Colombia.

Por suerte, luego de las sorpresas, (¿inesperadas en la era Obama?) los países de la región han reaccionado con celeridad. No voy a repasar todas las reacciones de presidentes y movimientos sociales que han obligado al presidente Uribe a iniciar una gira para explicar las supuestas razones de la continuidad y profundización de la alianza carnal-militar con los Estados Unidos. Quiero sí, recordar un hecho.

Apenas unos días antes de dejar el gobierno, en una ceremonia en la Casa Blanca, el entonces presidente George W. Bush, le otorgó al presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez la distinción civil más alta que puede otorgar el Presidente de Estados Unidos. "Honramos a Álvaro Uribe Vélez por su compromiso con la libertad, la democracia y el Estado de Derecho", acto seguido el Gobierno norteamericano le entregó la Medalla de la Libertad. Con la nueva administración del presidente Obama, Uribe se propuso intensificar los lazos con Estados Unidos; para ello propuso cinco iniciativas: reforzar la lucha contra el narcotráfico, profundizar la lucha contra el lavado de dinero, luchar contra la corrupción y una reforma jurídica para luchar contra el narco lavado. Casi la agenda completa norteamericana para América Latina. Uribe hace honor a la medalla de la libertad.

Y ahora, como todos sabemos, la pata militar hace pié con los acuerdos entre ambos países. ¿Y UNASUR? Queda claro que Colombia está privilegiando la alianza con Estados Unidos y todo parece indicar, intentará, quizás con la ayuda de algún otro país, enfriar la Unión de Naciones del Sur. Pero quiero enfocarme en el tópico del título.

El convenio entre ambos países establece la presencia de unos 800 militares y otros 600 contratistas. En América del Sur el término contratista está más bien vinculado a sectores descentralizados que hacen tareas que las grandes empresas e incluso el Estado no puede hacer por diversas razones. Si un gobierno quiere una encuesta o un estudio determinado puede contratar a una empresa para que esta a su vez contrate el personal para ese fin, de esa forma, ante cualquier problema, por ejemplo de índole laboral, el Estado no tendría nada que ver, porque es una cuestión de la empresa contratista con sus contratados, es decir, son actos privados.

Decir que en Colombia 600 contratistas van a ser parte del convenio militar, no quiere decir que serán 600 sociólogos, médicos, antropólogos, etc. Lo que quiere decir el contrato es que serán 600 mercenarios, hombre que se codean con la muerte y la tortura. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tiene cinco fuerzas armadas: Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Marines y los Contratistas. Veamos quiénes son estos contratistas. Jeremy Scahill revela en su libro "Blackwater, el ejército mercenario más poderoso del mundo" que en la mañana del 31 de marzo de 2004 una columna armada norteamericana de la Blackwater ingresaba a Faluya, Irak. Fueron atacados por milicianos rebeldes iraquíes que descargaron sus armas sobre la columna blindada del ejército privado norteamericano. De inmediato, cuenta Scahill en su libro, más de 300 personas se congregaron en el lugar del ataque y sacaron del interior de los vehículos militares los cuerpos carbonizados y los colgaron de un puente sobre el río Éufrates. La imagen dio la vuelta al mundo. Todo el mundo creía que eran marines, pero no, eran mercenarios. El presidente Bush, que estaba de campaña dijo "Este atajo de asesinos (iraquíes) está intentando minar nuestra voluntad. pero los derrotaremos allí, para no tener que enfrentarlos en nuestro propio país".

Ese grupo mercenario continuó violando todas las leyes y convenciones sobre la guerra porque no respondían a ninguna ley. Al no ser un ejército irregular, una empresa, las leyes no se le pueden aplicar. Soldados norteamericanos han sido acusados y juzgados por asesinato y torturas en Irak, pero el Pentágono no ha sometido a sus numerosas fuerzas privadas a los mismos criterios. Incluso, en 2006, en una reunión de una comisión de investigación del Congreso dedicada a la investigación de los contratistas, el director del Pentágono en esa área, interpelado por la comisión, no supo explicar por qué ningún contratista había sido acusado de ciertos delitos arto demostrado. Pero entones, dice un diputado, "estos contratistas pueden asesinar impunemente cuando quieran porque no parecen estar sujetos a ley alguna y por consiguiente tienen licencia para tomarse la ley en sus manos".

Blackwater ha declarado abiertamente que sus fuerzas están por encima de la ley, sin embargo los contratistas operan bajo un código de conducta redactado por la propia empresa denominada "Asociación Internacional de Operaciones de Paz". Interesante garantía humanitaria. Poco tiempo después, el gobierno iraquí se negó a renovar la licencia de Blackwater tras el asesinato de diecisiete iraquíes en la Plaza Nisoor de Bagdad, ocurrido en 2007. No hubo investigación ni juicio, solo un intento de revocación de licencia. Digo intento porque luego la Blackwater, que ahora se denomina 'Xe', continuará trabajando en otras zonas de Irak. La empresa Triple Canopy tomará el lugar de Blackwater en Bagdad y se espera que recontrate a muchos de sus viejos guardias.

Como si fuera poco, en julio de este año, estas empresas contratistas han convencido al presidente Obama para que anule una prohibición del Congreso que prohibía a los contratistas estar presentes en las sesiones de interrogatorios a los combatientes enemigos. ¿Queda alguna duda que ahora los contratistas son la quinta fuerza armada de los Estados Unidos? El presidente Uribe, cuando visite a los presidentes de la región ¿explicará los alcances reales del convenio militar con los Estados Unidos o solamente se ceñirá a los aspectos formales?

Sería bueno, muy bueno, que alguna comisión parlamentaria de la oposición colombiana inicie una investigación sobre las tareas que cumplirán los contratistas como así también el marco legal y sus alcances de inmunidad e impunidad. Ya se dice que las guerras del futuro no serán entre ejércitos regulares o nacionales, serán entre empresas privadas a nombre de terceros países.

¿No es este un tema urgente a debatir en el naciente Consejo de Defensa Sudamericano? Que las empresas contratistas/mercenarias empleen mano de obra latinoamericana es una cosa, pero que ahora ya estén operando en nuestro suelo, parece demasiado.

El regreso de una encrucijada histórica

(Por Fabián Amico)

Fuga de capitales y clima de confianza. Los economistas ortodoxos tienen en su jerga ciertos vocablos emblemáticos: confianza, credibilidad, expectativas. En general, la confianza se entiende como una convicción de que la economía va a “andar bien”, que habrá crecimiento y estabilidad, sin cambios traumáticos, sin aceleración de la inflación, sin crisis externas.

Esta evolución real de la economía va impactando sobre las expectativas de los empresarios y va generando una cierta confianza acerca de que los aumentos del consumo y la producción multiplicarán las oportunidades para la inversión de capital, mediante la creación de nuevas empresas o ampliación de las existentes. Estos componentes de confianza y de expectativas positivas explican en buena medida las razones de que haya reinado entre los empresarios cierto “clima de confianza” en los últimos cinco años, al menos cuando se mide tal confianza en función de los significativos aumentos de la inversión registrados en el período.

En la visión del establishment (FMI, la ortodoxia local, etcétera), la confianza se entiende en un sentido unívoco: el gobierno debe llevar a la práctica el credo liberal ortodoxo. Hay que reducir al mínimo la intervención del Estado en la economía que, librada a sus propias fuerzas, alcanzará una óptima asignación de recursos. La reducción del papel del Estado se traducirá en un menor gasto público (porque su aparato será más chico). La liberalización creará un “shock” de confianza, atrayendo capitales, aumentando la inversión y propulsando el desarrollo económico. No es necesario recordar cómo termina esta historia.

Sin embargo, es interesante ver cómo funciona en la realidad la cuestión de la “confianza” y de las expectativas. A contramano de muchos economistas ortodoxos y aun heterodoxos, que sostienen que las expectativas empresarias son muy volátiles y caprichosas, sin vínculo específico con la dinámica real (la famosa inestabilidad de los “animal spirits”), tales expectativas en realidad parecen adaptarse bastante bien a la evolución real del entorno. Abba Lerner, un viejo exponente de la izquierda keynesiana, era concluyente: “…nada puede curar el optimismo como el hallazgo de que los productos no se venden, y nada es tan buena medicina para el pesimismo como el encontrar que las ventas y las ganancias son altas”. En suma, los empresarios forman sus expectativas proyectando hacia el futuro la situación real que contemplen en el presente. Si la actividad cae, sus expectativas serán negativas y la inversión y el empleo se reducirán.

Por caso, tras la crisis de 2001, el país se recuperó con recursos propios, logró fuertes superávit en el presupuesto y de balance de pagos. Ese fue un verdadero shock de confianza. Una de las consecuencias, fue la interrupción de la fuga de capitales, el aumento de la tasa de inversión, el crecimiento de las reservas internacionales del Banco Central y un notable ascenso de la producción y el empleo. A partir de 2006, sin embargo, la inflación y la puja distributiva comenzaron a mellar la confianza empresaria. Se intervino el Indec, algo que los bonistas consideraron un casi default, y un año después estalló abiertamente el conflicto por la resolución 125, con efectos nefastos sobre el nivel de actividad y en el crecimiento de los precios. Tras el conflicto se sumó la sequía más larga de la historia y la crisis internacional más importante desde los años 30, que determinaron menores cosechas y menor demanda internacional de los productos argentinos.

En el pasado cualquier encadenamiento de eventos como el descripto hubiera llevado a una profunda recesión económica, una crisis financiera y externa fenomenal y seguramente habría concluido con la caída del gobierno de turno. Pero todo sigue en su lugar. Es cierto que la economía entró en recesión, pero es más suave de la que se registró en otras etapas y mucho menos profunda de las que se están verificando en otros países del mundo y de la región. Sin embargo, en medio de la tormenta, con amenazas (económicas y políticas) en ciernes, resurge naturalmente la memoria de los frecuentes ciclos económico-políticos argentinos que derivaron en fuerte inestabilidad y crisis recurrentes. Esta inestabilidad suele originar “quiebres” que originan “desconfianza”, dando lugar al pesimismo y al fatalismo.

En este contexto complejo, el principal foco de riesgo actual es la fuga de capitales (la fuerte demanda de dólares para guardarlos “en el colchón” o para invertirlos en activos en el exterior). Esta fuga tiene varias consecuencias negativas. Entre ellas, la fundamental es que al disminuir la cantidad de divisas disponibles acentúa los límites al crecimiento futuro del empleo y del ingreso. Esta desconfianza se origina en una fuerte expectativa de devaluación futura. En los últimos dos años, se fugaron cerca de 40.000 millones de dólares, equivalentes a la totalidad del superávit del balance comercial. El régimen macroeconómico aún resiste, pero la situación es insostenible en el mediano y largo plazo. Aquí la economía argentina llega a una encrucijada dramática.

Los mismos economistas heterodoxos comienzan a sugerir que “es imprescindible volver a recuperar la confianza”. Para ello hay que remover -dicen- las causas que han contribuido a esa pérdida de confianza. Sugieren que hay que recuperar la competitividad mediante una devaluación cambiaria. La medida simplemente transformaría las expectativas de devaluación en realidad y asunto arreglado: crecerían las exportaciones, bajarían las importaciones y mejoraría el saldo de divisas. Ello desalentaría la fuga hacia el dólar y mejoraría la recaudación por retenciones, incluso permitiendo que la tasa del impuesto baje un poco como reclama la Mesa de Enlace. En este marco lo del Indec adquiere un claro sentido: solucionar el tema de las estadísticas públicas permitiría un regreso “moderado” al FMI. Frenkel, por caso, sugiere que “si mejoramos las estadísticas, como la situación fiscal no es para nada dramática y estamos mucho mejor que otros países, podríamos solicitar financiamiento como ya hicieron México, Brasil y Perú”.

La encrucijada es real. La restricción externa, de la cual surgen las expectativas de devaluación y las propuestas ortodoxas para superarla, es un dato de la realidad estructural argentina. Lo que ortodoxos y heterodoxos están proponiendo es “resolver” el problema de fuga de divisas a costa de la distribución y en buena medida del crecimiento futuro. Es realmente increíble que nadie hable de los efectos de la devaluación sobre el salario cuando se propone esta receta. La devaluación, en los términos planteados, resolvería el problema externo a costa de un menor salario real y con esto, presumiblemente, una menor demanda interna, más bajo nivel de actividad y caída de la recaudación. Obviamente, como en los años 90, eso restauraría la “confianza” con costos sociales y económicos de magnitud.

¿Se puede hacer otra cosa? Sí. Pero eso demandaría un quiebre en el frente empresario entre los industriales y el sector agropecuario. De ese modo podría plantearse como salida genuina a esta encrucijada una “devaluación compensada” que anule (o minimice) los efectos inflacionarios y el deterioro de la distribución del ingreso y de la demanda interna, causados por la depreciación de la moneda. Esta propuesta admite distintas variantes, como una devaluación compensada con reducciones de los aranceles (para bajar el costo importado y que no produzca inflación), una devaluación compensada con menores impuestos netos a la población o directamente acompañada con subsidios directos a la población de menores ingresos, siempre sosteniendo los niveles actuales de retenciones. Algo de este menú se aplicó de hecho en el 2002. Y funcionó exitosamente: aumentó la producción y el empleo, bajó la pobreza y subió la inversión. Este sería el único modo de resolver positivamente esta vieja encrucijada de la economía argentina.

Las derechas de adentro y de afuera

(Editorial de Nuestra Propuesta del 6 de agosto de 2009)

Por más voluntariosas que sean las declaraciones sobre la declinación de la grave crisis económica mundial, la realidad se muestra implacable.

Como ejemplo del impacto de la crisis del capitalismo, el Buró de Estadísticas del Trabajo de Estados Unidos informó que en julio 14,7 millones de personas estaban desempleadas (9,5 por cientode la población activa), con los niveles más elevados entre negros, latinos y jóvenes, situación que también azota a Europa y otras regiones del mundo. Es decir, que a la recesión global se le acopla la depresión global con grandes caídas en la producción de los países centrales, millones de desocupados, quiebras de empresas y tensiones sociales crecientes.

A éstos, se le suman otros signos inquietantes en nuestra región. Uno es la reciente visita del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, general Douglas Fraser, a Colombia, para pactar la instalación de nada menos que cinco bases militares y dos bases navales norteamericanas en ese país. Otro hecho es la sugestiva gira del asesinonarco Uribe, presidente de Colombia, para entrevistar a los gobiernos de la Unasur y explicar este avance inaudito de los yanquis, poniendo en evidencia las nuevas-viejas formas de desestabilización, financiadas además mediante el National Endowment for Democracy de Estados Unidos, como parte de la gigantesca operación continental destinada a contener o revertir los procesos de transformación social latinoamericanos. Y ya sabemos que tras la presencia militar están fuertes intereses económicos con miras, entre otras cosas, a la apropiación de recursos energéticos y naturales. Un verdadero ensayo del nuevo gobierno demócrata que amenaza nuestra soberanía.

Los países de la Unasur, del Grupo de Río y cada gobierno, deben pronunciarse enérgicamente contra la instalación de esas bases.

El gran interrogante es cómo ha de actuar la presidenta Cristina Fernández ante este desafío, que va más allá de las palabras y que se presenta en momentos en que la crisis de gobernabilidad se ve acentuada tras las elecciones legislativas.

Aquellos con los que originariamente el gobierno acordó, que actuan en AEA, la UIA, los concentradores de la producción y exportación de cereales y los sindicalistas de la CGT, reclaman con energía otro rumbo al gobierno, critican duramente las tímidas estatizaciones, exigen no pagar retenciones, el Poder Judicial muestra los dientes, la Iglesia Católica protagoniza una campaña contra la educación sexual en las escuelas y así de seguido.

Por su parte el movimiento popular no atina aún a concretar un gran movimiento político que lo represente, a partir de la articulación de los plurales agrupamientos dispersos y desestructurados, aunque coincidentes en un programa de transformaciones profundas, único camino, aunque el más difícil, de enfrentar a las derechas de adentro y de afuera.

De las derechas de adentro, Biolcatti Magnasco, un señor oligárquico si los hay, a quien se le ven los hilos cuando expresa su doliente reclamo por la pobreza, desde la Rural, ofende a la Patria hablando de San Martín y Belgrano, que “murieron en la dignidad de su pobreza”, dijo, haciendo de la necesidad virtud. Ellos lo dieron todo por la liberación del continente y Biolcatti, que es muy rico y presenta declaraciones juradas por esa riqueza, nos quiere hacer creer que para todos los demás la ética es la pobreza.

Con esta ética sostienen que ganaron las elecciones y van a gobernar a como haya lugar.

La batalla por la derogación de la 125 y sus consecuencias en nuestros días

(A un año del voto No positivo de Cobos)

Mediante un documento suscripto por su Coordinador Nacional, José Luis Livolti, el Movimiento Campesino de Liberación analizó el panorama abierto a un año de que el Senado de la Nación rechazara el proyecto derivado de la Resolución 125.

Hasta noviembre del 2007, todo parecía discurrir con cierta tranquilidad, en la relación entre la burguesía agraria, los agronegocios y el gobierno nacional. En noviembre de ese año hubo un decreto de aumentó de 5 puntos porcentuales en la alícuota de las retenciones a la soja, que las llevó al 35 % hubo algún malestar apenas manifestado por el ruralismo y alguna fracción minoritaria de la FAA, pero soportaban el cimbronazo dada la impresionante renta que venían acumulando, y que el gobierno les permitía, con la pepita de oro que venía con precios internacionales en franco asenso.

El 11 de Marzo del 2008, nos encontrábamos con un numeroso grupo de compañeros de la FAA, y MCL bloqueando el acceso a la planta de acopio y exportación de cereales más grande del mundo, Louis Dreyfus, en General Lagos provincia de Santa Fe, allí denunciábamos, las maniobras de los exportadores de trigo que con el cierre y posterior apertura de las exportaciones del mismo, especulaban, comprando barato ante la falta de cotización internacional y vendiendo a $200 más cara la tonelada inmediatamente después de abiertas las cotizaciones.

Esta misma masa de compañeros y luego de conocido el decreto de la 125 reglamentando el aumento de las retenciones en forma móvil por iniciativa del ministro Lousteau, adhieren a la iniciativa de la conducción Federada, quien rápidamente y en forma telefónica acuerda con las otras tres entidades de la patronal agraria (Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Coninnagro), el inicio de un paro nacional “del campo”. Esa medida de fuerza, fue un lock out patronal que resultó ser el más prolongado y virulento que conoció nuestro país. Todo en pos de conseguir la eliminación de las retenciones, y dejar sentada la imposibilidad de que el estado intervenga en sus ganancias, pasando a ser la fuerza de choque y poniendo el cuero en la defensa de los intereses de los agroconcentradores.Mucho debate hizo falta para que este último aspecto, crucial para entender las características del conflicto y el rol jugado por los actores en pugna, pueda ser comprendido en toda su dimensión por algunos sectores del progresismo y el campo popular.

Aquella situación nos encontró a los compañeros del MCL en franca minoría en nuestros posicionamientos de apoyo a las retenciones en forma segmentada, “retenciones a quienes y para quien”, fue nuestro primer documento en el conflicto, argumentando el criterio de que más paguen los que más tienen, y reivindicando, el derecho del estado a intervenir sobre la renta extraordinaria.

De allí en más el proceso fué de paulatino, pero de constante corrimiento de la conducción de la FAA encabezado por Eduardo Buzzi hacia las posiciones de derecha de sus aliados, enemigos históricos de la entidad, que hizo más compleja la situación y llega hasta nuestros días, con actitudes vergonzantes, como las que tuvo el presidente de FAA en el programa de Mirtha Legrand, días pasados, al plantear nuevamente, como lo había hecho en el acto de Rosario aquel 25 de mayo, que el gobierno es un obstáculo, dadas sus actitudes “despóticas, autoritarias y monárquicas”.

Buzzi también definió a las retenciones como confiscatorias y recaudatorias por lo tanto habría que “suspenderlas por 180 días y después ver”, para rematar ante una pregunta de la reina de las almuerzos, que el glifosato no es tan malo, que no está comprobado que dañe la salud humana, pero que si se llegara a prohibir su uso se desataría un conflicto de similares características al de la pelea por la derogación de la 125: más claro, échele agua.

Hay una innumerable cantidad de hechos y anécdotas, que describen el complicado proceso de abandono de los principios y banderas que dieron origen a la FAA en el glorioso Grito de Alcorta. Entre ellos, la expulsión del MCL (de hecho nos íbamos igual) de su consejo directivo, así como a los integrantes de la conducción del Foro Nacional de la Agricultura Familiar, sin medir las consecuencias que esto traería en la lucha gremial y política de lo agrario en la Argentina y su repercusión en lo político general y en la gobernabilidad misma.

El conflicto que se desarrolló entre marzo y julio del 2008, y que llega hasta hoy, tuvo como principales actores, por un lado, las inflexibles posiciones de “La Mesa de Enlace”, que vino para quedarse, al decir permanente de Buzzi, representando una nueva institucionalidad agraria (punta de lanza de las derechas políticas) y por el otro el gobierno nacional, con sus desaciertos y negligencias, quien subestimó a la burguesía agraria, creyendo que con todo lo que le había permitido acumular, si les recortaba un poco sus ganancias iban a ceder gustosos. Al decir de un conocido entre nosotros, la burguesía, cuanto más gana, no se hace más bondadosa sino más burguesía.

Muy pocos, fueron capaces de advertir las terribles consecuencias políticas que esto traería, (como lo hizo la dirección nacional del PC) a la vida de todo el pueblo argentino. En diversos documentos del MCL se vino señalando los peligros que se correrían si no lográbamos desarticular la férrea unidad que se había construido, en esa nueva institucionalidad. Se perfilaba la constitución de una nueva base social al servicio de la derecha pro fascista, como la que se vio en los masivos actos del 25 de mayo en Rosario y el de julio en el Monumento a los Españoles en la Capital Federal.

Esa alianza de clases medias urbanas y rurales, el papel de la derecha eclesiástica, la embajada norteamericana, conducidos por representantes de la élite de la ancestral clase dominante argentina, con la indecible complicidad y el “blanqueo social” de quienes en otros tiempos articulaban con el campo popular, fue la sólida fuerza social que articulada con una feroz campaña de terrorismo mediático permitió inflingirle en el Congreso la primer gran derrota política al gobierno con el voto no positivo del que ahora es el Caballo De Troya de la movida destituyente, Julio Cleto Cobos.

La derecha por primera vez en la historia, ganaba una gran batalla política, en el parlamento y en la movilización callejera.

Lo que siguió también fue advertido por nosotros. La constitución de la representación política de este triunfo derechista. Ello se plasmó en el éxito electoral que, aunque puede evaluarse como parcial, fue una derrota política en primer lugar para Kirchner pero también para el campo popular. Se evidencia en lo agrario con la constitución del interbloque con 11 representantes “del campo”, que articulados con las resoluciones de lo que hay que hacer desde la Mesa de Enlace, indica que el partido agrario va tomando forma, por derecha, mostrando su verdadero rostro ,dado lo explicado en estas líneas.

Ante los tiempos que se avecinan, señalamos batallas por el debate y aprobación de leyes positivas. La de un nuevo sistema de medios; derogación y sanción de una nueva de entidades financieras; minería, hidrocarburos, a las que habría que agregar; la de arrendamientos; la de impedimento de la extranjerización de la tierra; la de creación de nuevas Juntas Nacional de Carnes y su similar de Granos; la de garantía de la soberanía alimentaria; la de un desarrollo rural justo y equitativo; la del cuidado de los recursos naturales y el medioambiente. Esto sería la profundización de un verdadero camino de redistribución de la riqueza.

En ese sentido cabe reflexionar, a la luz del resultado electoral, que el gobierno debería tomar la iniciativa sobre cual es la dimensión en amplitud y profundidad de la fuerza político-social que hay que construir para llevar adelante con éxito la empresa de sancionar las leyes arriba mencionadas, recorrer el camino que falta no ya para derramar la copa, sino derribarla en tiempo y forma para lograr los cambios estructurales que nuestro país necesita.

Si es que el llamado de la presidenta al diálogo pretende trazar esa senda, debería incluir en su llamamiento a las organizaciones agrarias que intentan representar a la agricultura familiar, la responsable de producir alimentos para el 70% de la población en este país y que tiene otra concepción de la tierra, la producción y el medio ambiente.

El MCL ha dado pasos importantes en lo que nos parece el embrión de construcción de alternativa en lo agrario con el llamamiento por la unidad y contra la derecha realizado el 13 de junio en el salón azul de la CTA, en la Capital Federal. Ello ha dado luz a la constitución de un espacio abierto y autónomo de articulación de todas las organizaciones campesinas y de pequeños productores que no están en la Mesa de Enlace, incluyendo a los socios de la FAA fuertemente críticos de la actual conducción, con miras a que se amplíe aun más y pueda tributar al gran torrente del frente de liberación político, social, nacional y popular que hay que construir.

Mahle podría convertirse en cooperativa

(Hacia otra experiencia de una empresa autogestionada en Rosario)

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a autopartista, hace meses cerrada por sus directivos y ocupada por sus trabajadores, avanza hacia el ejemplo de La Toma y se podría aplicar a ella el modelo de la papelera Massuh.

La autopartista rosarina, meses atrás cerrada por sus directivos y ocupada por sus trabajadores, avanza hacia el ejemplo de “La Toma” y se podría aplicar a ella el modelo de la papelera Massuh.

Con apoyo del Ministerio de la Producción y la Secretaría de Comercio de nuestro país, se baraja la posibilidad de convertir a la autopartista Mahle (en crisis tras el abandono de la empresa por parte de sus gerentes), en una cooperativa con apoyo estatal autogestionada por sus más de 500 trabajadores, que la mantienen tomada desde el mes de abril.

Se busca para la firma rosarina una repetición del “modelo” Massuh, papelera granbonaerense cuya gerencia general fue asumida por el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno. La propuesta de cooperativización de la empresa habría sido sugerida a Moreno por la propia ministra de la Producción, Débora Giorgi, en una reunión del Comité de Crisis, del cual también participa el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

La idea de convertir en cooperativa a la firma fabricante de aros de pistón, vino después de largos meses de gestión infructuosa, en los que tres inversores candidatos a reemplazar a los directivos fugados mostraron su interés pero no llegaron a un acuerdo. Hace ya una semana, Moreno y Giorgi anunciaron a ejecutivos de Mahle la decisión de estatizar la planta, pero aún no resolvieron cómo llegarán a tal efecto.

Ubicada en la avenida Presidente Perón al 5.600 de la ciudad de Rosario, la autopartista de patente alemana, es un símbolo de la actividad metalúrgica rosarina y de su actual proceso crítico, que amenaza con el cierre de decenas de otras fábricas en la zona y el consecuente pase a cesantía de miles de trabajadores.

CON EL PRECEDENTE DE “LA TOMA”

Sergio Marioni, secretario sindical del PC santafesino y dirigente del gremio de trabajadores de comercio de la mayor ciudad de la provincia, interrogado por Nuestra Propuesta al respecto de la situación de la empresa Mahle, comentó: “desde la vecinal tratamos de apoyar el proceso de resistencia, pero están muy de capa caída los compañeros, viendo que se están quedando sin una alternativa de puestos de trabajo”. Luego auspició una breve crónica de la lucha de los trabajadores diciendo: “esto empezó una semanas antes del primero de mayo. Con la vecinal y la CTA, nos fuimos acercando y, en un primer momento, notamos mucha reticencia de parte de los trabajadores para trabajar con organizaciones políticas aunque no con las vecinales. Jugó mucho ahí el tema de que los obreros estén encuadrados en la UOM, o sea en la CGT. Pero, en realidad, es muy común a los trabajadores esto de ‘mezquinarle’ a los partidos políticos. Es más, si son ‘zurdos’, muchos peor... Ese es uno de los debates que tenemos que establecer en la izquierda: cómo nos piensan los trabajadores a nosotros”. Luego de la reflexión última, Marioni prosiguió contando que “hubo una asamblea muy buena que hicimos con ellos y en donde intercambiamos opiniones medio duras en algún momento, con respecto a cómo tendría que ser la relación entre uno y otro pero, desde mi punto de vista, esto representa lo que está pasando a nivel nacional y habla de cómo repercute la crisis internacional en los trabajadores, de cómo a esa crisis la estamos pagando nosotros y cómo los empresarios se abusan cada vez más de la crisis para pedir subsidios y más flexibilización laboral. No tienen límite, su voracidad es insaciable. Más allá del gobierno que esté, más allá de las circunstancias que sean, ellos siempre cuidan su ganancia, sus intereses y eso es lo único que les importa”.

Luego de historiar brevemente los hechos, Marioni señaló: “ojo, que en realidad en Rosario no solamente corre riesgo Mahle, sino que hay otras pequeñas empresas, de 30, 40 o 50 trabajadores, que están cerrando y están en la misma situación o en las que los patrones dicen ‘hasta que no termine la crisis no hay trabajo’, o aplican reducciones de horarios de trabajo, rotaciones de personal, no se pagan los aguinaldos, no se pagan los mediosueldos... es terrible el abuso”.

Asimismo, Marioni, quien participara activamente en la organización de “La Toma” a partir de la expropiación del desguasado supermercado El Tigre (también en Rosario), manifestó: “el tema de la expropiación está dando vueltas por la cabeza de los trabajadores y por algunos sectores del gobierno provincial. La provincia ya tiene una ley habilitada gracias a la lucha de La Toma, de la que se cumplen 8 años de ocupación. A partir de este proceso, en donde sacamos la primera expropiación de la provincia, se abrió la ley de expropiaciones para un montón de lugares”. Después, Sergio Marioni sugirió: “habría que hacer un paneo general para ver qué pasó con las 280 cooperativas que surgieron desde estos ocho años en adelante, o sea cómo están, cómo han quedado, si existen... porque nosotros creemos que una cooperativa, en este momento y en este marco de la economía capitalista, no puede existir sin un subsidio del estado. O sea que el estado es el principal garante de su subsistencia. Hoy Mahle podría subsistir si el estado argentino invierte capital en la empresa y le abre un mercado al exterior, porque el mercado interno es muy chico. Hay que pensar eso”.

Un proyecto de ley para los que recuperaron la libertad

(Por Valentina Machuca, abogada, miembro del Partido Comunista de Córdoba y asesora del bloque legislativo Partido Comunista-Peronismo Militante)

A

vances de la gestión legislativa en Córdoba. Desde el bloque Peronismo Militante-Partido Comunista, bloque unipersonal que integra nuestro Partido en la Legislatura de la Provincia de Córdoba, se presentó con fecha 30 de Junio el proyecto de ley nº 3022 L 09 que tiene por finalidad garantizar el acceso al trabajo de personas que recuperaron su libertad, ya sea por haber cumplido su condena penal, por gozar de un régimen de libertad asistida o por haber recuperado su libertad encontrándose bajo el régimen de la prisión preventiva.

En la elaboración de este proyecto participaron voces autorizadas que conocen la realidad de este sistema penitenciario; así contamos con el valorable aporte de abogados de la Casa del Liberado, abogados, profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho y Cs. Sociales de la UNC, que tienen a su cargo la ejecución de un programa de extensión universitaria que se aborda en la cárcel de mujeres en Bower.

El proyecto consiste en la creación de cupos destinados a estas personas dentro de la planta de empleados de la administración pública provincial, empresas licitadas en la prestación de servicios públicos y empresas que obtienen beneficios fiscales y subsidios por parte de la Provincia, comprometiendo así, en este último grupo a las grandes automotrices que cada año se ven exentas de impuestos y costos en el marco de las políticas de promoción industrial.

Con esta iniciativa se pretende dar respuesta a la difícil situación por la que atraviesan estas personas que al igual que el resto de la población tiene dificultades para acceder al trabajo, pero además de ello cargan con el “estigma del penado”, con antecedentes que no sólo no permiten su reinserción laboral sino que, más grave aún, lo marginan socialmente.

La voz cantante pide mayor seguridad, pena de muerte, más represión, judicialización de los niños y niñas, pero no propone nada cuando una persona que cumplió su condena, que pago su deuda para con la sociedad según así lo entiende este sistema, sale a la calle y sólo encuentra puertas cerradas. En el diseño de las políticas de seguridad, también debe abordarse esta problemática, pero debe hacerse en forma coordinada con los ministerios de educación, trabajo y desarrollo social, desplegando una política con una mirada integral.