(Sigue la ofensiva del "campo")
“Razonable y moderada”. De esta manera el diputado del PRO, Federico Pinedo, calificó a las propuestas que formuló la Mesa de Enlace en el encuentro que el jueves 16 de julio celebró con distintos diputados de la oposición que, según lo acordado, las van a impulsar en la reunión de la Comisión de Agricultura que la cámara baja llevará a cabo la semana venidera.
La cita que había sido acordada una semana antes cuando la Mesa se reunió con dirigentes opositores, entre ellos Francisco de Narváez y Carlos Reutemann, fue en las oficinas del bloque de la Coalición Cívica y a ella concurrieron el titular de esa bancada, Adrián Pérez, el propio Pinedo; César Albrisi, cordobés del Frejuli, la socialista santafecina Silvia Augsburger y el radical Pedro Morini. Por su parte, los empresarios ruralistas fueron representados por el titular de FAA, Eduardo Buzzi, su par de la Sociedad Rural, Hugo Biolcatti; Mario Llambías de Confederaciones Rurales y el presidente de Coninagro Carlos Garetto.
Tras el encuentro, Pinedo anunció que el PRO va a impulsar las iniciativas de los ruralistas y se mostró confiado en que los bloques representados en la reunión trabajen en conjunto “para hacerle al oficialismo una propuesta concreta y aprobar algo en común”. Al tiempo que Buzzi celebró que se empezara a armar una agenda común “con los temas prioritarios” ya que “cuando las soluciones no aparecen, es donde el Congreso asume los problemas”.
Soluciones y problemas
La agenda a la que aludió el presidente de FAA, según coincidieron todos los participantes de la reunión, habla de la emergencia agropecuaria y la situación de la lechería, pero no de arrendamientos ni de proteger a los pequeños productores agrarios. Y fundamentalmente, se refiere a las retenciones y la Oncaa, un organismo que representa a la sociedad argentina a la hora de controlar la producción y comercialización de productos agropecuarios y que, por lo tanto, es demonizada por los empresarios rurales.
Bajar las retenciones
Tal como lo hiciera en marzo, el próximo mes la derecha parlamentaria pretende que el Congreso trate una iniciativa que, a instancias de la Mesa de Enlace, elimine o al menos baje considerablemente las retenciones. Para ello solicitaron que la bancada oficialista brinde el quórum necesario, algo que a diferencia de lo ocurrido hace cuatro meses, ahora el FPV no está en condiciones de negar.
Según pudo saberse, palabras más palabras menos, el proyecto en el que coincidirían las bancadas representadas en el encuentro del jueves 16, planteará la eliminación de retenciones para todas las producciones agropecuarias con excepción de la soja.
Para esta oleaginosa, se propondrá fijar un máximo del 25 por ciento, pero asimismo el establecimiento de dos segmentos, uno de hasta 700 y el restante de 701 a 1500 toneladas. En el segundo caso, el productor recibiría un bono que podría utilizar para la cancelación de deuda impositiva, con lo que a los efectos prácticos, el arancel sería eliminado hasta las 1500 toneladas.
Todo esto en un escenario en el que el precio de este comoditie se viene recuperando tras la baja sufrida meses atrás, situación que parece indicar, volverá a ubicarlo en el promedio que alcanzó durante los últimos años.
Así las cosas, se prevé que para la temporada 2009/10 se pueda esperar una cosecha de aproximadamente 50 millones de toneladas de soja que, al precio actual de 374 dólares la tonelada, son algo así como 18.700 millones de dólares.
Una producción promedio es de 200 hectáreas, esto da unas 700 toneladas de soja. Una vez descontados los gastos y las retenciones actuales del 35 por ciento, la rentabilidad por hectárea es de 330 dólares, por lo que sobre la base de 200 hectáreas, son 66.000 dólares por cosecha. Dos cosechas por año entregan una rentabilidad limpia de todo gasto de 132.000 dólares anuales, un poco más 40 mil pesos por mes. Si el techo se fijara en el 25 por ciento, esta base de ganancia neta se elevaría a los 147.840 dólares anuales, algo así como casi 45 mil pesos por mes.
Pero nuevamente queda claro que incrementará los bolsillos de unos pocos, va a adelgazar a aquellos de la mayoría de los argentinos. De prosperar esta iniciativa, el Estado va a dejar de recaudar alrededor de 7000 millones de pesos, lo que es casi la suma del superávit fiscal acumulado durante la primera mitad de este año.
Cuestión de modelo
Más allá de los lamentos que origina la “voracidad del Estado” y las amenazas, intimidaciones y abiertas agresiones con las que “reaccionó el campo”, los empresarios rurales lograron colocarse en el centro de una agenda política que pretende hacernos creer que los intereses de los agroexportadores son los mismos que aquellos de los argentinos.
Por eso, cuando todo parece presagiar el comienzo de un nuevo capítulo de la arremetida del sector -quizás no tan virulenta pero no por eso menos contundente- resulte prudente revisar algunos datos sumamente elocuentes.
El 90 por ciento de la soja producida durante 2007 y 2008 fue facturada a empresas radicadas en paraísos fiscales. Sólo una decena de empresas controla el 90 por ciento del comercio exterior de granos y aceite, pero también manejan el acopio de granos y los puertos que no casualmente se privatizaron en los 90.
La contribución a la recaudación impositiva de este sector, es una de las más escasas; al tiempo que presenta uno de los más altos índices de informalidad laboral. Los cálculos más conservadores señalan que el 60 por ciento de los trabajadores rurales realizan su tarea en negro.
De todas maneras, esta corporación logró instalarse en el imaginario social como víctima de una situación dramática. Un mes antes del voto no positivo de Julio Cobos, la titular de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, Roxana Negrini, argumentó en una audiencia realizada en el Congreso Nacional que “hace tres meses que hombre de campo no compra maquinaria”, por lo que aseguró que “estamos haciendo malabares para no echar a los obreros”. Durante ese mismo semestre y en pleno lokout ruralista, la venta de ese tipo de maquinaria se incrementó un 15 por ciento respecto a igual período de 2007. Así las cosas, queda claro que lo que en principio algunos quisieron exhibir como un reclamo sectorial, no es otra cosa que el índice de una puja en la que se pone en juego qué modelo de sociedad tendremos los argentinos. Al inaugurar la Expoagro 2008, Hugo Biolcatti hablaba por la Mesa Enlace y revelaba qué sector era el beneficiario de la lucha abierta contra la Resolución 125. El ahora titular de la Sociedad Rural señalaba que no se podía permitir que funcionarios decidan “si nuestros compradores pueden o no pueden exportar lo que nos compran”.
Ahora van por todo
La Mesa de Enlace dejó en claro que está dispuesta a hacer valer aquello que acumuló en dieciocho meses de abierto pusch. Así lo hizo saber cuando el lunes respondió a la convocatoria al diálogo formulada por el Gobierno Nacional. Con la exposición de la SRA como telón de fondo, anunció que lejos de haber espacio para reconciliaciones ahora van por todo. “No hay margen para que esto sea más cosmética y más maquillaje”, sentenció Eduardo Buzzi ante un enardecido público que, a gritos, exigía que corriera sangre y agregó “Ni ellos tienen margen político ni nosotros tenemos la disposición a una tolerancia indefinida”. Y, en idéntica dirección, Mario Llambías enfatizó “el jefe de Gabinete, la presidenta y todos los funcionarios tienen que saber que el campo va el viernes a encontrar soluciones. No queremos más demoras”, tras lo que se reivindicó hijo de Martínez de Hoz, el fundador de la SRA, el abuelo del ministro de Economía de Jorge Videla.
El Estado que quiere Macri
El jefe de Gobierno porteño, también reivindicó el papel del sector como “motor de crecimiento de la economía” y aseveró que “llegó la hora de transformar toda la energía emprendedora que el campo ha demostrado tener a lo largo y ancho del país, para que la Argentina pueda insertarse en el mundo con su capacidad agroexportadora”. Tras lo que recalcó que, para alcanzar ese objetivo, es preciso que el Estado actúe como “facilitador y simplificador para generar confianza y reglas claras que atraigan inversiones y que nos permitan crear millones de puestos de trabajo”, ya que “hay que dejar atrás las batallas estériles”.
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