(Por Fabián Amico)
El representante de la UIA formuló esas declaraciones en momento en que el Consejo Nacional del Empleo, de la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunirá con el objetivo –entre otros- de establecer un nuevo piso para el sueldo que debe ganar un trabajador, actualmente en 1.240 pesos. Con un argumento curioso, de Mendiguren afirmó que "el retraso salarial está en la informalidad", y advirtió que "cada vez la brecha es más grande". Por lo tanto, destacó que "el empresario que está en orden tiene una competencia desleal", porque remarcó que "el salario formal es el doble del informal ". Sin embargo, la conclusión tendría que haber sido otra: debería haber propuesto que suban los ingresos de quienes son trabajadores informales en lugar de bajar los salarios mínimos formales.
Las manifestaciones de De Mendiguren provocaron asombro. Incluso los empresarios reconocen que es muy difícil, sino imposible, sostener en la mesa del Consejo del Salario una postura de negociación por sector, cuando el fundamento del salario mínimo es establecer un piso común para los trabajadores no convencionados, es decir, los que no participan en paritarias. Además, el llamado al Consejo del Salario se hace una vez conocidos los convenios firmados y con el objeto de no reabrir tales discusiones. Es decir, el salario mínimo que se acuerda siempre está en el escalón inferior del convenio más bajo. Otro motivo de asombro es que De Mendiguren se queje de que el salario mínimo en dólares sea el mayor de América latina, cuando este dato, aún con sus límites, podría interpretarse como una buena noticia. Lo inédito es que en cuatro años de funcionamiento del Consejo del Salario nunca se había planteado el rechazo al carácter universal del piso de haberes.
En la actualidad, el salario mínimo alcanza los 1240 pesos. El impacto que puede tener un aumento del mínimo sobre las remuneraciones no es directo. Los principales beneficiarios podrían ser los trabajadores en negro, quienes no están cubiertos por convenio. El mínimo no obliga al empleador a otorgar una remuneración por encima de ese valor, pero brinda a los trabajadores más débiles otra herramienta para negociar.
Obviamente, el mínimo no sirve de “piso” legal para las remuneraciones de los asalariados en negro, pero sus mejoras movilizan los salarios de este sector. No obstante, como fruto de la creciente segmentación del mercado laboral, la cobertura del mínimo es hoy reducida: más del 50 por ciento de los asalariados no registrados reciben una remuneración por debajo del mínimo.
Precisamente, esas amplias segmentaciones de los mercados de trabajo implican fuertes desigualdades de acceso a condiciones básicas de socialización, educación, donde abundan formas difundidas de informalidad que conducen a la formación de grupos sociales con fuertes dificultades para competir en el mercado, y a su vez deriva en formas extremas de desvalorización del trabajo, especialmente del no calificado. Esto da lugar a una situación que se realimenta y no encuentra salida por sí misma: amplios grupos de trabajadores quedan encerrados en una trampa que eterniza la pobreza, la baja calificación y los magros salarios. El ejemplo claro en Argentina es el de las confecciones textiles, donde hay superexplotación laboral y existen todas las formas de precariedad imaginables. Justamente el sector de pertenencia de De Mendiguren.
Es el reconocimiento de esta trampa lo que constituye el sentido principal de la institucionalización del salario mínimo. Luego, como siempre, su aplicación es fruto de las luchas políticas. De este modo, el salario mínimo representa por definición la introducción de un punto de vista puramente moral en la formación de precios. La premisa básica es que nadie debería ganar menos y que ese piso debería servir para salir de la pobreza. Obviamente, si el punto vista de De Mendiguren prosperara, nada impediría que en las áreas de trabajo no calificado las empresas puedan alcanzar una alta rentabilidad y una mayor competitividad externa de corto plazo a través de bajos salarios, en lugar de recurrir a nuevos y más sofisticados métodos de producción. Así, recrearían de manera permanente la misma trampa de bajos salarios y baja productividad que se realimentan desde hace más de tres décadas.
En los marcos de la competencia internacional, los economistas pioneros de la teoría del desarrollo, como Raúl Prebisch o Arthur Lewis, observaron que la presencia de una oferta abundante y barata (“ilimitada”) de fuerza de trabajo, en un mercado laboral sin regulaciones, llevaría a las economías periféricas a una inserción internacional muy precaria. En tales condiciones, cualquier cosa que produjeran y exportaran, sean productos primarios o industriales, terminaría por desvalorizarce en relación a los productos del mundo desarrollado. Luego, esa desvalorización llevaría los precios de las exportaciones periféricas hacia abajo, congelando los bajos salarios y el patrón de consumo de los trabajadores en una típica trampa del subdesarrollo.
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