En el medio de este relato fantástico, Techint ha intentado posicionarse como una impoluta empresa argentina, a la cual el gobierno tiene la obligación de apoyar en su reclamo. A pesar de esto, el grupo no dudó en destinar el primer pago en efectivo de 400 millones de dólares, cobrado como adelanto por la estatización de Sidor, a un banco en Alemania, en vez de hacerlo en un banco argentino o invertirlo en estas tierras.
Con su inserción en el sector de siderurgia y hierro en Venezuela, Techint pasó a dominar el mercado latinoamericano de tubos sin costura. El país de Chávez era una pieza clave de ese armado por su dotación generosa de minas de hierro, electricidad barata y energía casi regalada. Entre 1998 y 2002 Techint no pagó la electricidad ni el uso del transporte fluvial para salir al Atlántico. Lo más oscuro de todo es que sacaba las briquetas al exterior, por 120 mil bolívares la tonelada y las ingresaba a 700 mil: una estafa al Estado que nunca será denunciada por el grupo Clarín. Los tubos sin costura, aún con el aporte del hierro y de la mano de obra barata venezolana, los vendían en Venezuela 5,2 veces más caro.
El grupo Techint aplicó en Venezuela diversas formas de superexplotación de los trabajadores combinadas con el uso ilegal de los bienes públicos y de los recursos naturales. Sidor tenía 11 mil trabajadores en 1998. En 4 años, Techint redujo la planta a 4 mil y a los sobrantes 7 mil los tercerizó. Flexibilizaron todo lo que pudieron: los salarios, las condiciones legales, la atención sanitaria, la seguridad. El grupo empresario creó un estado de inseguridad general que se sumó al estado de conflicto social y sindical y a las estafas al Estado. De allí el record que Techint ostenta en Venezuela: de los 47 paros y huelgas de Ciudad Guayana entre 2004 y 2009, 37 fueron contra ella. El costo fue un clima social de enfrentamientos, diecisiete movilizaciones callejeras y màs de veinte paros parciales y totales en menos de tres años. El clima social anunciaba la salida de la empresa del país. El escandaloso final del Grupo en Venezuela está íntimamente relacionado con la conducta de la empresa hacia los trabajadores y el Estado. Techint sabía que la ruptura era irremediable.
No obstante, en Argentina el establishment no demoró en fijar posición. A diferencia de la estatización de Sidor, donde el gobierno de Chávez indemnizó al holding con casi 2 mil millones de dólares (cifra que el grupo Techint juzgó “satisfactoria”), la novedad fue que la oposición de derecha apuntó a vincular de forma mecánica las medidas adoptadas por Chávez, en el marco del “Socialismo del Siglo XXI”, con el supuesto “viraje revolucionario” que pronostican en Argentina para después del 28 de junio. Esta burda simplificación electoralista intenta igualar sin fundamento la experiencia de la Revolución Bolivariana con el proyecto de recuperación productiva que desarrolló el gobierno argentino desde 2003.
Pero existen diferencias importantes. En Venezuela, la primera oleada nacionalizadora se inició en mayo de 2007 con el anuncio de la estatización de las empresas privadas de los campos petrolíferos de la Faja del Orinoco, con reservas estimadas en 316 mil millones de barriles. Todas las compañías (excepto la norteamericana Exxon Mobil que fue a juicio y perdió en los tribunales internacionales) hicieron acuerdos con el gobierno: o recibieron compensaciones al estilo Techint o aceptaron operar en las nuevas condiciones. En suma, la nacionalización terminó en una redefinición de los contratos. En suma, el Estado fuerza a una negociación y se apropia del principal recurso económico, como sucedió con la nacionalización del gas con Evo Morales en 2006. La segunda oleada es algo distinta. Chávez avanzó sobre la siderurgia, el cemento, las telecomunicaciones, la electricidad, algunas empresas alimentarias y bancos. La estrategia de esta segunda oleada nacionalizadora parece inspirada en el desarrollismo de los años ’50, que apuntaba a asumir el control soberano de la economía. Teniendo en cuenta estas diferencias, algunos han planteado si es sensato pensar en un proceso de “chavización” en Argentina. La respuesta mayoritaria ha sido negativa, especialmente como resultado de las particularidades de la estructura económica local.
Es verdad que la economía argentina se encuentra mucho más diversificada que la venezolana. Lo más parecido en Argentina a una nacionalización de las impulsadas por Chávez sería la estatización del comercio exterior de granos y similares. Pero el gobierno argentino apuntó a las retenciones, que son una forma de capturar rentas y controlar el comercio exterior, de modo análogo a Rafael Correa, quien en lugar de nacionalizar el petróleo impuso nuevos impuestos a las ventas del fluido. Las estatizaciones marginales del gobierno argentino (Thales Spectrum, Aguas Argentinas, Aerolíneas, Correo Argentino) no cambian el cuadro general. Quizá pueda resultar una excepción, forzada por las circunstancias de la crisis, la estatización de las jubilaciones. Pero, más en general, mientras en Venezuela las estatizaciones son parte de un plan más o menos definido, en Argentina son más bien un rasgo circunstancial.
No obstante estas diferencias, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) levantó sus críticas a Chávez por haber estatizado empresas del “prestigioso Grupo Techint” y por haber “discriminado” las inversiones argentinas. “Los procesos de integración económica se fundamentan en una fuerte corriente de inversiones recíprocas, que establecen la dimensión productiva del espacio económico común”, señaló la entidad en un comunicado. De modo similar, la UIA sostuvo que "un mercado común es sinónimo de flujo de inversiones y al estatizar, Venezuela no respeta ese espíritu".
Sin embargo, no hay dudas de que deben priorizarse los intereses del conjunto de la economía argentina por encima de las opiniones e intereses de un sector del empresariado, por importante que éste sea. Además, atendiendo la normativa del Mercosur, no existen argumentos que permitan vetar el ingreso de Venezuela. De hecho, el intercambio comercial ha sido ampliamente favorable a Argentina en los últimos años y la política de integración benefició a cientos de empresas industriales. A pesar de las críticas airadas del empresariado local, Venezuela es un mercado valioso para las empresas argentinas, las cuales en seis años incrementaron de 122 millones de dólares a casi 1500 las exportaciones a dicho país.
En realidad, las declaraciones de tono apocalíptico en torno a las nacionalizaciones venezolanas no encierran un temor real al “estatismo socialista”, mucho menos en Argentina. Más bien expresan un estado de ánimo de amplios sectores del establishment quienes, ante el potencial agravamiento de la crisis internacional, apuntan a dejar en claro su oposición a cualquier intento de ingerencia del Estado en el sagrado territorio de actuación de la empresa privada. En el contexto específico y real de las sociedades latinoamericanas actuales, una redistribución del ingreso a favor de los asalariados y de los grupos populares, solo podría ser el resultado de una decisión de Estado, mediante la imposición de una suerte de “pacto” que “discipline” y “domestique” a los grandes empresarios a través de la introducción de un plan de desarrollo que involucre metas explícitas en términos de qué porcentaje del excedente se llevarán los salarios, qué porción se destinará a la ganancia y cuánto al Estado.
Esta opción, única para viabilizar la redistribución de ingresos en medio del subdesarrollo y la dependencia, tiene como requisito esencial construir un Estado con mucho poder y gran “capacidad de arbitraje”, especialmente para imponerle a los grandes grupos económicos las pautas estratégicas de dicha redistribución. Este es el contenido real que aparece, aún con muy diversos grados de desarrollo, en los ensayos post-neoliberales de los distintos países en América Latina. En este marco se torna comprensible la violenta reacción de las quince asociaciones empresariales y financieras que salieron a defender a Techint como si se tratara de una guerra santa. Porque de eso se trata: su derecho a una alta tasa de ganancia va en sentido opuesto a la vigencia de derechos sociales inalienables y a las posibilidades de que los golpeados países de la región puedan salir de la trampa del subdesarrollo y el neoliberalismo.
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