1976 – 2009

1976 – 2009

Treinta y tres años después del último golpe militar, muchas cuentas siguen pendientes. Bastantes causas penales obstaculizadas, lentitud en los procesos judiciales, la fragmentación de los mismos, la constante exposición de los familiares y testigos para testimoniar... Todos ellos, sin duda alguna, son temas muy importantes por los cuales se deben buscar soluciones de fondo. Pero además, hay que tener en cuenta que cuando se habla de memoria, también ha de considerarse la lucha de los caídos, de los desaparecidos, de aquella generación que se jugó la vida por un país mejor. Como consecuencia de ello, tenemos que sostener que el objetivo a seguir es continuar el camino que nos marcaron los sobrevivientes y los que ya no están: no termina todo con el juicio y castigo. La lucha debe continuar, por anular las leyes de los gobiernos de facto, por eliminar disposiciones violatorias a los derechos humanos y por cumplir con los mismos, para construir el poder del pueblo.

Cambió bastante la historia en estos treinta y tres años. Cuba ya no está sola: Venezuela, Bolivia y Ecuador se unieron y son la esperanza del continente y del mundo; el capitalismo entró en su crisis más grave, sacudiendo a países del primer y del tercer mundo; la catástrofe ecológica (producto de un modo de producción salvaje) alcanzó niveles de holocausto; el hambre, las enfermedades curables y las muertes evitables aumentaron sideralmente. Ya no hay dictaduras militares, y muchos países de América latina son protagonistas de luchas populares de liberación, con experiencias exitosas. Pero también, desgraciadamente, existen grandes continuidades en nuestro país. Se siguen destinando millones de dólares a los intereses de la deuda externa; los beneficiados con el golpe continúan haciendo grandes negocios impunemente; la derecha dura ha exacerbado los ánimos más reaccionarios en un sector numeroso de la sociedad con la “inseguridad” y el “campo” (¿con los militares y Martínez de Hoz habrán disfrutado?); los resortes de la economía no son manejados por el Estado; además de algunas desgraciadas concesiones y subordinaciones frente al imperialismo y los centros de poder económico. La nefasta Doctrina de seguridad nacional, surgida en el marco de la Guerra Fría como teoría contrainsurgente, hoy tiene su correlato en la “Ley antiterrorista”, la cual, impulsada por el gobierno estadounidense en varios países, fue aprobada en el nuestro. Esto representa un hecho de extrema gravedad, una amenaza a los luchadores del pueblo, que una vez más reciben el castigo por elegir rebelarse y no someterse a la violencia del sistema. El gobierno nacional tiene la obligación moral de derogar dicha ley, y profundizar los pasos dados con respecto a la justicia por los delitos de lesa humanidad. En este sentido, hay que señalar que la aprobación de una nueva ley de radiodifusión, que reemplace a la de la dictadura y ponga límites a los oligopolios de la información, sería una acción muy positiva y una gran contribución al cumplimiento de los derechos humanos.

Es necesario recordar que nuestro secretario general a nivel nacional, Patricio Echegaray, envió el año pasado un proyecto del Partido Comunista a la Cámara de diputados de la Nación para anular la ley antiterrorista, y que en 1996 el fallecido Floreal Gorini hizo lo mismo respecto a la ley de radiodifusión. Este año será de mucha complejidad política, y los comunistas estaremos en la pelea por la construcción de una alternativa popular revolucionaria, capaz de dar pasos decisivos por la soberanía e integración de los pueblos de Nuestra América, por la patria grande y liberada.

Martín Godoy – Secretario general del Partido Comunista de Villa Mercedes