El grito de guerra de la coalición agraria destituyente

(La Mesa de Enlace continúa con su ofensiva)

El MCL hizo público su repudio a la postura adoptada públicamente por las organizaciones patronales del agro. Con una declaración el Movimiento Campesino Liberación, fijó su postura en relación a las recientes manifestaciones de los integrantes de la Mesa de Enlace.

El MCL señala que “como en un grito de guerra, los jinetes del Apocalipsis agrario, punta de lanza y fuerza de choque de la movida por la restauración conservadora, mostraron su peor cara en el salón rojo del predio de la “ilustre Sociedad Rural Argentina”, fundada por José Alfredo Martínez de Hoz (abuelo del nefasto, tan nefasto como el por todos conocido)”, al tiempo que recuerda que “Mario Llambías se siente orgulloso de tal origen histórico según sus dichos”.

Continúa señalando el MCL que “ésta y otras manifestaciones de los allí presentes demuestra que el triunfo electoral no produce equilibrios sino que los enardece y permite que manifiesten descaradamente su verdadera ideología, a tono con la contraofensiva imperial en el continente que hoy tiene su epicentro en Honduras”.

También recalca que tales manifestaciones son la expresión de la derecha latinoamericana “que en estas tierras cuenta con los valiosos aportes de legitimación social a través de los dichos de uno de los fundadores del Movimiento Productivo Argentino, Eduardo Buzzi, defector del campo popular si los hay”.

Y apunta sus dardos contra el titular de FAA, al sostener que Buzzi ratifica su papel, no ya en la coyuntura, sino en trazos para la historia. “Nuestro ex compañero -sigue reseñando el MCL- planteó que el gobierno no tiene más margen ni la Mesa de Enlace paciencia eterna, mientras se escuchaban gritos de la tribuna pidiendo que se vayan, que terminen, etcétera, remembrando aquello que se escuchaba en los piquetes de teflón: Váyanse a Cuba o Venezuela, montoneros fracasados, así como no se privó de fustigar a su ex aliado Daniel Scioli”.

El MCL señala que, en medio de este clima y los antecedentes discursivos y fácticos ya conocidos, se podía inferir que la propuesta que llevaría la Mesa de Enlace a la reunión que mantuvo con el gobierno sería la que en definitiva fue, esto es, cero retenciones en trigo y maíz y 25 por ciento en soja a los productores de 1.500 toneladas para arriba y de manera temporal.

“Decir esto o asumir el desfinanciamiento casi total del Estado es muy parecido”, puntualiza el MCL y añade que “queda claro que el objetivo es minar ahora la base económica del gobierno para lograr acotar lo más posible su autonomía, finalmente debilitarlo y sustituirlo ordenadamente, si fuera posible”, por lo que “el paso siguiente es avanzar sobre las reprivatizaciones, multiplicar las ganancias agroexportadoras al extremo, profundizar la concentración de la riqueza y someter más brutalmente a la pobreza e indigencia a millones de compatriotas de la ciudad y el campo”. Y, como frutilla del postre, la ruptura de las relaciones internacionales con los países hermanos de América Latina de orientación progresista”.

Por lo tanto, el MCL no dudó en repudiar enérgicamente “el gesto que anuncia los nuevos pasos de la restauración conservadora”, al tiempo que realizó un fuerte llamamiento “a todos los compañeros y organizaciones del recientemente constituido Espacio Nacional de Articulación de Organizaciones Agrarias y Campesinas, a mantenernos unidos, ampliar el espacio y seguir haciendo gestiones para ser recibidos por el gobierno nacional en el marco del diálogo habilitado”.
Este, finaliza, “es nuestro camino para poner sobra la mesa como prioridad pública los problemas y las soluciones de los pequeños agricultores familiares y campesinos, verdaderos hacedores de soberanía alimentaria y sujetos para el cambio con justicia social”.

Bases norteamericanas en Colombia y la Quinta Fuerza Armada del Pentágono

(Por Juan Roque, Secretario General del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos -Mopassol-www.mopassol.com.ar)

América Latina mira absorta dos hechos (¿desvinculados?) que están conmoviendo a la región; el golpe cívico-empresarial y militar en Honduras y la instalación de siete bases militares del Comando Sur de los Estados Unidos en Colombia.

Por suerte, luego de las sorpresas, (¿inesperadas en la era Obama?) los países de la región han reaccionado con celeridad. No voy a repasar todas las reacciones de presidentes y movimientos sociales que han obligado al presidente Uribe a iniciar una gira para explicar las supuestas razones de la continuidad y profundización de la alianza carnal-militar con los Estados Unidos. Quiero sí, recordar un hecho.

Apenas unos días antes de dejar el gobierno, en una ceremonia en la Casa Blanca, el entonces presidente George W. Bush, le otorgó al presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez la distinción civil más alta que puede otorgar el Presidente de Estados Unidos. "Honramos a Álvaro Uribe Vélez por su compromiso con la libertad, la democracia y el Estado de Derecho", acto seguido el Gobierno norteamericano le entregó la Medalla de la Libertad. Con la nueva administración del presidente Obama, Uribe se propuso intensificar los lazos con Estados Unidos; para ello propuso cinco iniciativas: reforzar la lucha contra el narcotráfico, profundizar la lucha contra el lavado de dinero, luchar contra la corrupción y una reforma jurídica para luchar contra el narco lavado. Casi la agenda completa norteamericana para América Latina. Uribe hace honor a la medalla de la libertad.

Y ahora, como todos sabemos, la pata militar hace pié con los acuerdos entre ambos países. ¿Y UNASUR? Queda claro que Colombia está privilegiando la alianza con Estados Unidos y todo parece indicar, intentará, quizás con la ayuda de algún otro país, enfriar la Unión de Naciones del Sur. Pero quiero enfocarme en el tópico del título.

El convenio entre ambos países establece la presencia de unos 800 militares y otros 600 contratistas. En América del Sur el término contratista está más bien vinculado a sectores descentralizados que hacen tareas que las grandes empresas e incluso el Estado no puede hacer por diversas razones. Si un gobierno quiere una encuesta o un estudio determinado puede contratar a una empresa para que esta a su vez contrate el personal para ese fin, de esa forma, ante cualquier problema, por ejemplo de índole laboral, el Estado no tendría nada que ver, porque es una cuestión de la empresa contratista con sus contratados, es decir, son actos privados.

Decir que en Colombia 600 contratistas van a ser parte del convenio militar, no quiere decir que serán 600 sociólogos, médicos, antropólogos, etc. Lo que quiere decir el contrato es que serán 600 mercenarios, hombre que se codean con la muerte y la tortura. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tiene cinco fuerzas armadas: Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Marines y los Contratistas. Veamos quiénes son estos contratistas. Jeremy Scahill revela en su libro "Blackwater, el ejército mercenario más poderoso del mundo" que en la mañana del 31 de marzo de 2004 una columna armada norteamericana de la Blackwater ingresaba a Faluya, Irak. Fueron atacados por milicianos rebeldes iraquíes que descargaron sus armas sobre la columna blindada del ejército privado norteamericano. De inmediato, cuenta Scahill en su libro, más de 300 personas se congregaron en el lugar del ataque y sacaron del interior de los vehículos militares los cuerpos carbonizados y los colgaron de un puente sobre el río Éufrates. La imagen dio la vuelta al mundo. Todo el mundo creía que eran marines, pero no, eran mercenarios. El presidente Bush, que estaba de campaña dijo "Este atajo de asesinos (iraquíes) está intentando minar nuestra voluntad. pero los derrotaremos allí, para no tener que enfrentarlos en nuestro propio país".

Ese grupo mercenario continuó violando todas las leyes y convenciones sobre la guerra porque no respondían a ninguna ley. Al no ser un ejército irregular, una empresa, las leyes no se le pueden aplicar. Soldados norteamericanos han sido acusados y juzgados por asesinato y torturas en Irak, pero el Pentágono no ha sometido a sus numerosas fuerzas privadas a los mismos criterios. Incluso, en 2006, en una reunión de una comisión de investigación del Congreso dedicada a la investigación de los contratistas, el director del Pentágono en esa área, interpelado por la comisión, no supo explicar por qué ningún contratista había sido acusado de ciertos delitos arto demostrado. Pero entones, dice un diputado, "estos contratistas pueden asesinar impunemente cuando quieran porque no parecen estar sujetos a ley alguna y por consiguiente tienen licencia para tomarse la ley en sus manos".

Blackwater ha declarado abiertamente que sus fuerzas están por encima de la ley, sin embargo los contratistas operan bajo un código de conducta redactado por la propia empresa denominada "Asociación Internacional de Operaciones de Paz". Interesante garantía humanitaria. Poco tiempo después, el gobierno iraquí se negó a renovar la licencia de Blackwater tras el asesinato de diecisiete iraquíes en la Plaza Nisoor de Bagdad, ocurrido en 2007. No hubo investigación ni juicio, solo un intento de revocación de licencia. Digo intento porque luego la Blackwater, que ahora se denomina 'Xe', continuará trabajando en otras zonas de Irak. La empresa Triple Canopy tomará el lugar de Blackwater en Bagdad y se espera que recontrate a muchos de sus viejos guardias.

Como si fuera poco, en julio de este año, estas empresas contratistas han convencido al presidente Obama para que anule una prohibición del Congreso que prohibía a los contratistas estar presentes en las sesiones de interrogatorios a los combatientes enemigos. ¿Queda alguna duda que ahora los contratistas son la quinta fuerza armada de los Estados Unidos? El presidente Uribe, cuando visite a los presidentes de la región ¿explicará los alcances reales del convenio militar con los Estados Unidos o solamente se ceñirá a los aspectos formales?

Sería bueno, muy bueno, que alguna comisión parlamentaria de la oposición colombiana inicie una investigación sobre las tareas que cumplirán los contratistas como así también el marco legal y sus alcances de inmunidad e impunidad. Ya se dice que las guerras del futuro no serán entre ejércitos regulares o nacionales, serán entre empresas privadas a nombre de terceros países.

¿No es este un tema urgente a debatir en el naciente Consejo de Defensa Sudamericano? Que las empresas contratistas/mercenarias empleen mano de obra latinoamericana es una cosa, pero que ahora ya estén operando en nuestro suelo, parece demasiado.

El regreso de una encrucijada histórica

(Por Fabián Amico)

Fuga de capitales y clima de confianza. Los economistas ortodoxos tienen en su jerga ciertos vocablos emblemáticos: confianza, credibilidad, expectativas. En general, la confianza se entiende como una convicción de que la economía va a “andar bien”, que habrá crecimiento y estabilidad, sin cambios traumáticos, sin aceleración de la inflación, sin crisis externas.

Esta evolución real de la economía va impactando sobre las expectativas de los empresarios y va generando una cierta confianza acerca de que los aumentos del consumo y la producción multiplicarán las oportunidades para la inversión de capital, mediante la creación de nuevas empresas o ampliación de las existentes. Estos componentes de confianza y de expectativas positivas explican en buena medida las razones de que haya reinado entre los empresarios cierto “clima de confianza” en los últimos cinco años, al menos cuando se mide tal confianza en función de los significativos aumentos de la inversión registrados en el período.

En la visión del establishment (FMI, la ortodoxia local, etcétera), la confianza se entiende en un sentido unívoco: el gobierno debe llevar a la práctica el credo liberal ortodoxo. Hay que reducir al mínimo la intervención del Estado en la economía que, librada a sus propias fuerzas, alcanzará una óptima asignación de recursos. La reducción del papel del Estado se traducirá en un menor gasto público (porque su aparato será más chico). La liberalización creará un “shock” de confianza, atrayendo capitales, aumentando la inversión y propulsando el desarrollo económico. No es necesario recordar cómo termina esta historia.

Sin embargo, es interesante ver cómo funciona en la realidad la cuestión de la “confianza” y de las expectativas. A contramano de muchos economistas ortodoxos y aun heterodoxos, que sostienen que las expectativas empresarias son muy volátiles y caprichosas, sin vínculo específico con la dinámica real (la famosa inestabilidad de los “animal spirits”), tales expectativas en realidad parecen adaptarse bastante bien a la evolución real del entorno. Abba Lerner, un viejo exponente de la izquierda keynesiana, era concluyente: “…nada puede curar el optimismo como el hallazgo de que los productos no se venden, y nada es tan buena medicina para el pesimismo como el encontrar que las ventas y las ganancias son altas”. En suma, los empresarios forman sus expectativas proyectando hacia el futuro la situación real que contemplen en el presente. Si la actividad cae, sus expectativas serán negativas y la inversión y el empleo se reducirán.

Por caso, tras la crisis de 2001, el país se recuperó con recursos propios, logró fuertes superávit en el presupuesto y de balance de pagos. Ese fue un verdadero shock de confianza. Una de las consecuencias, fue la interrupción de la fuga de capitales, el aumento de la tasa de inversión, el crecimiento de las reservas internacionales del Banco Central y un notable ascenso de la producción y el empleo. A partir de 2006, sin embargo, la inflación y la puja distributiva comenzaron a mellar la confianza empresaria. Se intervino el Indec, algo que los bonistas consideraron un casi default, y un año después estalló abiertamente el conflicto por la resolución 125, con efectos nefastos sobre el nivel de actividad y en el crecimiento de los precios. Tras el conflicto se sumó la sequía más larga de la historia y la crisis internacional más importante desde los años 30, que determinaron menores cosechas y menor demanda internacional de los productos argentinos.

En el pasado cualquier encadenamiento de eventos como el descripto hubiera llevado a una profunda recesión económica, una crisis financiera y externa fenomenal y seguramente habría concluido con la caída del gobierno de turno. Pero todo sigue en su lugar. Es cierto que la economía entró en recesión, pero es más suave de la que se registró en otras etapas y mucho menos profunda de las que se están verificando en otros países del mundo y de la región. Sin embargo, en medio de la tormenta, con amenazas (económicas y políticas) en ciernes, resurge naturalmente la memoria de los frecuentes ciclos económico-políticos argentinos que derivaron en fuerte inestabilidad y crisis recurrentes. Esta inestabilidad suele originar “quiebres” que originan “desconfianza”, dando lugar al pesimismo y al fatalismo.

En este contexto complejo, el principal foco de riesgo actual es la fuga de capitales (la fuerte demanda de dólares para guardarlos “en el colchón” o para invertirlos en activos en el exterior). Esta fuga tiene varias consecuencias negativas. Entre ellas, la fundamental es que al disminuir la cantidad de divisas disponibles acentúa los límites al crecimiento futuro del empleo y del ingreso. Esta desconfianza se origina en una fuerte expectativa de devaluación futura. En los últimos dos años, se fugaron cerca de 40.000 millones de dólares, equivalentes a la totalidad del superávit del balance comercial. El régimen macroeconómico aún resiste, pero la situación es insostenible en el mediano y largo plazo. Aquí la economía argentina llega a una encrucijada dramática.

Los mismos economistas heterodoxos comienzan a sugerir que “es imprescindible volver a recuperar la confianza”. Para ello hay que remover -dicen- las causas que han contribuido a esa pérdida de confianza. Sugieren que hay que recuperar la competitividad mediante una devaluación cambiaria. La medida simplemente transformaría las expectativas de devaluación en realidad y asunto arreglado: crecerían las exportaciones, bajarían las importaciones y mejoraría el saldo de divisas. Ello desalentaría la fuga hacia el dólar y mejoraría la recaudación por retenciones, incluso permitiendo que la tasa del impuesto baje un poco como reclama la Mesa de Enlace. En este marco lo del Indec adquiere un claro sentido: solucionar el tema de las estadísticas públicas permitiría un regreso “moderado” al FMI. Frenkel, por caso, sugiere que “si mejoramos las estadísticas, como la situación fiscal no es para nada dramática y estamos mucho mejor que otros países, podríamos solicitar financiamiento como ya hicieron México, Brasil y Perú”.

La encrucijada es real. La restricción externa, de la cual surgen las expectativas de devaluación y las propuestas ortodoxas para superarla, es un dato de la realidad estructural argentina. Lo que ortodoxos y heterodoxos están proponiendo es “resolver” el problema de fuga de divisas a costa de la distribución y en buena medida del crecimiento futuro. Es realmente increíble que nadie hable de los efectos de la devaluación sobre el salario cuando se propone esta receta. La devaluación, en los términos planteados, resolvería el problema externo a costa de un menor salario real y con esto, presumiblemente, una menor demanda interna, más bajo nivel de actividad y caída de la recaudación. Obviamente, como en los años 90, eso restauraría la “confianza” con costos sociales y económicos de magnitud.

¿Se puede hacer otra cosa? Sí. Pero eso demandaría un quiebre en el frente empresario entre los industriales y el sector agropecuario. De ese modo podría plantearse como salida genuina a esta encrucijada una “devaluación compensada” que anule (o minimice) los efectos inflacionarios y el deterioro de la distribución del ingreso y de la demanda interna, causados por la depreciación de la moneda. Esta propuesta admite distintas variantes, como una devaluación compensada con reducciones de los aranceles (para bajar el costo importado y que no produzca inflación), una devaluación compensada con menores impuestos netos a la población o directamente acompañada con subsidios directos a la población de menores ingresos, siempre sosteniendo los niveles actuales de retenciones. Algo de este menú se aplicó de hecho en el 2002. Y funcionó exitosamente: aumentó la producción y el empleo, bajó la pobreza y subió la inversión. Este sería el único modo de resolver positivamente esta vieja encrucijada de la economía argentina.

Las derechas de adentro y de afuera

(Editorial de Nuestra Propuesta del 6 de agosto de 2009)

Por más voluntariosas que sean las declaraciones sobre la declinación de la grave crisis económica mundial, la realidad se muestra implacable.

Como ejemplo del impacto de la crisis del capitalismo, el Buró de Estadísticas del Trabajo de Estados Unidos informó que en julio 14,7 millones de personas estaban desempleadas (9,5 por cientode la población activa), con los niveles más elevados entre negros, latinos y jóvenes, situación que también azota a Europa y otras regiones del mundo. Es decir, que a la recesión global se le acopla la depresión global con grandes caídas en la producción de los países centrales, millones de desocupados, quiebras de empresas y tensiones sociales crecientes.

A éstos, se le suman otros signos inquietantes en nuestra región. Uno es la reciente visita del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, general Douglas Fraser, a Colombia, para pactar la instalación de nada menos que cinco bases militares y dos bases navales norteamericanas en ese país. Otro hecho es la sugestiva gira del asesinonarco Uribe, presidente de Colombia, para entrevistar a los gobiernos de la Unasur y explicar este avance inaudito de los yanquis, poniendo en evidencia las nuevas-viejas formas de desestabilización, financiadas además mediante el National Endowment for Democracy de Estados Unidos, como parte de la gigantesca operación continental destinada a contener o revertir los procesos de transformación social latinoamericanos. Y ya sabemos que tras la presencia militar están fuertes intereses económicos con miras, entre otras cosas, a la apropiación de recursos energéticos y naturales. Un verdadero ensayo del nuevo gobierno demócrata que amenaza nuestra soberanía.

Los países de la Unasur, del Grupo de Río y cada gobierno, deben pronunciarse enérgicamente contra la instalación de esas bases.

El gran interrogante es cómo ha de actuar la presidenta Cristina Fernández ante este desafío, que va más allá de las palabras y que se presenta en momentos en que la crisis de gobernabilidad se ve acentuada tras las elecciones legislativas.

Aquellos con los que originariamente el gobierno acordó, que actuan en AEA, la UIA, los concentradores de la producción y exportación de cereales y los sindicalistas de la CGT, reclaman con energía otro rumbo al gobierno, critican duramente las tímidas estatizaciones, exigen no pagar retenciones, el Poder Judicial muestra los dientes, la Iglesia Católica protagoniza una campaña contra la educación sexual en las escuelas y así de seguido.

Por su parte el movimiento popular no atina aún a concretar un gran movimiento político que lo represente, a partir de la articulación de los plurales agrupamientos dispersos y desestructurados, aunque coincidentes en un programa de transformaciones profundas, único camino, aunque el más difícil, de enfrentar a las derechas de adentro y de afuera.

De las derechas de adentro, Biolcatti Magnasco, un señor oligárquico si los hay, a quien se le ven los hilos cuando expresa su doliente reclamo por la pobreza, desde la Rural, ofende a la Patria hablando de San Martín y Belgrano, que “murieron en la dignidad de su pobreza”, dijo, haciendo de la necesidad virtud. Ellos lo dieron todo por la liberación del continente y Biolcatti, que es muy rico y presenta declaraciones juradas por esa riqueza, nos quiere hacer creer que para todos los demás la ética es la pobreza.

Con esta ética sostienen que ganaron las elecciones y van a gobernar a como haya lugar.

La batalla por la derogación de la 125 y sus consecuencias en nuestros días

(A un año del voto No positivo de Cobos)

Mediante un documento suscripto por su Coordinador Nacional, José Luis Livolti, el Movimiento Campesino de Liberación analizó el panorama abierto a un año de que el Senado de la Nación rechazara el proyecto derivado de la Resolución 125.

Hasta noviembre del 2007, todo parecía discurrir con cierta tranquilidad, en la relación entre la burguesía agraria, los agronegocios y el gobierno nacional. En noviembre de ese año hubo un decreto de aumentó de 5 puntos porcentuales en la alícuota de las retenciones a la soja, que las llevó al 35 % hubo algún malestar apenas manifestado por el ruralismo y alguna fracción minoritaria de la FAA, pero soportaban el cimbronazo dada la impresionante renta que venían acumulando, y que el gobierno les permitía, con la pepita de oro que venía con precios internacionales en franco asenso.

El 11 de Marzo del 2008, nos encontrábamos con un numeroso grupo de compañeros de la FAA, y MCL bloqueando el acceso a la planta de acopio y exportación de cereales más grande del mundo, Louis Dreyfus, en General Lagos provincia de Santa Fe, allí denunciábamos, las maniobras de los exportadores de trigo que con el cierre y posterior apertura de las exportaciones del mismo, especulaban, comprando barato ante la falta de cotización internacional y vendiendo a $200 más cara la tonelada inmediatamente después de abiertas las cotizaciones.

Esta misma masa de compañeros y luego de conocido el decreto de la 125 reglamentando el aumento de las retenciones en forma móvil por iniciativa del ministro Lousteau, adhieren a la iniciativa de la conducción Federada, quien rápidamente y en forma telefónica acuerda con las otras tres entidades de la patronal agraria (Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Coninnagro), el inicio de un paro nacional “del campo”. Esa medida de fuerza, fue un lock out patronal que resultó ser el más prolongado y virulento que conoció nuestro país. Todo en pos de conseguir la eliminación de las retenciones, y dejar sentada la imposibilidad de que el estado intervenga en sus ganancias, pasando a ser la fuerza de choque y poniendo el cuero en la defensa de los intereses de los agroconcentradores.Mucho debate hizo falta para que este último aspecto, crucial para entender las características del conflicto y el rol jugado por los actores en pugna, pueda ser comprendido en toda su dimensión por algunos sectores del progresismo y el campo popular.

Aquella situación nos encontró a los compañeros del MCL en franca minoría en nuestros posicionamientos de apoyo a las retenciones en forma segmentada, “retenciones a quienes y para quien”, fue nuestro primer documento en el conflicto, argumentando el criterio de que más paguen los que más tienen, y reivindicando, el derecho del estado a intervenir sobre la renta extraordinaria.

De allí en más el proceso fué de paulatino, pero de constante corrimiento de la conducción de la FAA encabezado por Eduardo Buzzi hacia las posiciones de derecha de sus aliados, enemigos históricos de la entidad, que hizo más compleja la situación y llega hasta nuestros días, con actitudes vergonzantes, como las que tuvo el presidente de FAA en el programa de Mirtha Legrand, días pasados, al plantear nuevamente, como lo había hecho en el acto de Rosario aquel 25 de mayo, que el gobierno es un obstáculo, dadas sus actitudes “despóticas, autoritarias y monárquicas”.

Buzzi también definió a las retenciones como confiscatorias y recaudatorias por lo tanto habría que “suspenderlas por 180 días y después ver”, para rematar ante una pregunta de la reina de las almuerzos, que el glifosato no es tan malo, que no está comprobado que dañe la salud humana, pero que si se llegara a prohibir su uso se desataría un conflicto de similares características al de la pelea por la derogación de la 125: más claro, échele agua.

Hay una innumerable cantidad de hechos y anécdotas, que describen el complicado proceso de abandono de los principios y banderas que dieron origen a la FAA en el glorioso Grito de Alcorta. Entre ellos, la expulsión del MCL (de hecho nos íbamos igual) de su consejo directivo, así como a los integrantes de la conducción del Foro Nacional de la Agricultura Familiar, sin medir las consecuencias que esto traería en la lucha gremial y política de lo agrario en la Argentina y su repercusión en lo político general y en la gobernabilidad misma.

El conflicto que se desarrolló entre marzo y julio del 2008, y que llega hasta hoy, tuvo como principales actores, por un lado, las inflexibles posiciones de “La Mesa de Enlace”, que vino para quedarse, al decir permanente de Buzzi, representando una nueva institucionalidad agraria (punta de lanza de las derechas políticas) y por el otro el gobierno nacional, con sus desaciertos y negligencias, quien subestimó a la burguesía agraria, creyendo que con todo lo que le había permitido acumular, si les recortaba un poco sus ganancias iban a ceder gustosos. Al decir de un conocido entre nosotros, la burguesía, cuanto más gana, no se hace más bondadosa sino más burguesía.

Muy pocos, fueron capaces de advertir las terribles consecuencias políticas que esto traería, (como lo hizo la dirección nacional del PC) a la vida de todo el pueblo argentino. En diversos documentos del MCL se vino señalando los peligros que se correrían si no lográbamos desarticular la férrea unidad que se había construido, en esa nueva institucionalidad. Se perfilaba la constitución de una nueva base social al servicio de la derecha pro fascista, como la que se vio en los masivos actos del 25 de mayo en Rosario y el de julio en el Monumento a los Españoles en la Capital Federal.

Esa alianza de clases medias urbanas y rurales, el papel de la derecha eclesiástica, la embajada norteamericana, conducidos por representantes de la élite de la ancestral clase dominante argentina, con la indecible complicidad y el “blanqueo social” de quienes en otros tiempos articulaban con el campo popular, fue la sólida fuerza social que articulada con una feroz campaña de terrorismo mediático permitió inflingirle en el Congreso la primer gran derrota política al gobierno con el voto no positivo del que ahora es el Caballo De Troya de la movida destituyente, Julio Cleto Cobos.

La derecha por primera vez en la historia, ganaba una gran batalla política, en el parlamento y en la movilización callejera.

Lo que siguió también fue advertido por nosotros. La constitución de la representación política de este triunfo derechista. Ello se plasmó en el éxito electoral que, aunque puede evaluarse como parcial, fue una derrota política en primer lugar para Kirchner pero también para el campo popular. Se evidencia en lo agrario con la constitución del interbloque con 11 representantes “del campo”, que articulados con las resoluciones de lo que hay que hacer desde la Mesa de Enlace, indica que el partido agrario va tomando forma, por derecha, mostrando su verdadero rostro ,dado lo explicado en estas líneas.

Ante los tiempos que se avecinan, señalamos batallas por el debate y aprobación de leyes positivas. La de un nuevo sistema de medios; derogación y sanción de una nueva de entidades financieras; minería, hidrocarburos, a las que habría que agregar; la de arrendamientos; la de impedimento de la extranjerización de la tierra; la de creación de nuevas Juntas Nacional de Carnes y su similar de Granos; la de garantía de la soberanía alimentaria; la de un desarrollo rural justo y equitativo; la del cuidado de los recursos naturales y el medioambiente. Esto sería la profundización de un verdadero camino de redistribución de la riqueza.

En ese sentido cabe reflexionar, a la luz del resultado electoral, que el gobierno debería tomar la iniciativa sobre cual es la dimensión en amplitud y profundidad de la fuerza político-social que hay que construir para llevar adelante con éxito la empresa de sancionar las leyes arriba mencionadas, recorrer el camino que falta no ya para derramar la copa, sino derribarla en tiempo y forma para lograr los cambios estructurales que nuestro país necesita.

Si es que el llamado de la presidenta al diálogo pretende trazar esa senda, debería incluir en su llamamiento a las organizaciones agrarias que intentan representar a la agricultura familiar, la responsable de producir alimentos para el 70% de la población en este país y que tiene otra concepción de la tierra, la producción y el medio ambiente.

El MCL ha dado pasos importantes en lo que nos parece el embrión de construcción de alternativa en lo agrario con el llamamiento por la unidad y contra la derecha realizado el 13 de junio en el salón azul de la CTA, en la Capital Federal. Ello ha dado luz a la constitución de un espacio abierto y autónomo de articulación de todas las organizaciones campesinas y de pequeños productores que no están en la Mesa de Enlace, incluyendo a los socios de la FAA fuertemente críticos de la actual conducción, con miras a que se amplíe aun más y pueda tributar al gran torrente del frente de liberación político, social, nacional y popular que hay que construir.

Mahle podría convertirse en cooperativa

(Hacia otra experiencia de una empresa autogestionada en Rosario)

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a autopartista, hace meses cerrada por sus directivos y ocupada por sus trabajadores, avanza hacia el ejemplo de La Toma y se podría aplicar a ella el modelo de la papelera Massuh.

La autopartista rosarina, meses atrás cerrada por sus directivos y ocupada por sus trabajadores, avanza hacia el ejemplo de “La Toma” y se podría aplicar a ella el modelo de la papelera Massuh.

Con apoyo del Ministerio de la Producción y la Secretaría de Comercio de nuestro país, se baraja la posibilidad de convertir a la autopartista Mahle (en crisis tras el abandono de la empresa por parte de sus gerentes), en una cooperativa con apoyo estatal autogestionada por sus más de 500 trabajadores, que la mantienen tomada desde el mes de abril.

Se busca para la firma rosarina una repetición del “modelo” Massuh, papelera granbonaerense cuya gerencia general fue asumida por el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno. La propuesta de cooperativización de la empresa habría sido sugerida a Moreno por la propia ministra de la Producción, Débora Giorgi, en una reunión del Comité de Crisis, del cual también participa el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

La idea de convertir en cooperativa a la firma fabricante de aros de pistón, vino después de largos meses de gestión infructuosa, en los que tres inversores candidatos a reemplazar a los directivos fugados mostraron su interés pero no llegaron a un acuerdo. Hace ya una semana, Moreno y Giorgi anunciaron a ejecutivos de Mahle la decisión de estatizar la planta, pero aún no resolvieron cómo llegarán a tal efecto.

Ubicada en la avenida Presidente Perón al 5.600 de la ciudad de Rosario, la autopartista de patente alemana, es un símbolo de la actividad metalúrgica rosarina y de su actual proceso crítico, que amenaza con el cierre de decenas de otras fábricas en la zona y el consecuente pase a cesantía de miles de trabajadores.

CON EL PRECEDENTE DE “LA TOMA”

Sergio Marioni, secretario sindical del PC santafesino y dirigente del gremio de trabajadores de comercio de la mayor ciudad de la provincia, interrogado por Nuestra Propuesta al respecto de la situación de la empresa Mahle, comentó: “desde la vecinal tratamos de apoyar el proceso de resistencia, pero están muy de capa caída los compañeros, viendo que se están quedando sin una alternativa de puestos de trabajo”. Luego auspició una breve crónica de la lucha de los trabajadores diciendo: “esto empezó una semanas antes del primero de mayo. Con la vecinal y la CTA, nos fuimos acercando y, en un primer momento, notamos mucha reticencia de parte de los trabajadores para trabajar con organizaciones políticas aunque no con las vecinales. Jugó mucho ahí el tema de que los obreros estén encuadrados en la UOM, o sea en la CGT. Pero, en realidad, es muy común a los trabajadores esto de ‘mezquinarle’ a los partidos políticos. Es más, si son ‘zurdos’, muchos peor... Ese es uno de los debates que tenemos que establecer en la izquierda: cómo nos piensan los trabajadores a nosotros”. Luego de la reflexión última, Marioni prosiguió contando que “hubo una asamblea muy buena que hicimos con ellos y en donde intercambiamos opiniones medio duras en algún momento, con respecto a cómo tendría que ser la relación entre uno y otro pero, desde mi punto de vista, esto representa lo que está pasando a nivel nacional y habla de cómo repercute la crisis internacional en los trabajadores, de cómo a esa crisis la estamos pagando nosotros y cómo los empresarios se abusan cada vez más de la crisis para pedir subsidios y más flexibilización laboral. No tienen límite, su voracidad es insaciable. Más allá del gobierno que esté, más allá de las circunstancias que sean, ellos siempre cuidan su ganancia, sus intereses y eso es lo único que les importa”.

Luego de historiar brevemente los hechos, Marioni señaló: “ojo, que en realidad en Rosario no solamente corre riesgo Mahle, sino que hay otras pequeñas empresas, de 30, 40 o 50 trabajadores, que están cerrando y están en la misma situación o en las que los patrones dicen ‘hasta que no termine la crisis no hay trabajo’, o aplican reducciones de horarios de trabajo, rotaciones de personal, no se pagan los aguinaldos, no se pagan los mediosueldos... es terrible el abuso”.

Asimismo, Marioni, quien participara activamente en la organización de “La Toma” a partir de la expropiación del desguasado supermercado El Tigre (también en Rosario), manifestó: “el tema de la expropiación está dando vueltas por la cabeza de los trabajadores y por algunos sectores del gobierno provincial. La provincia ya tiene una ley habilitada gracias a la lucha de La Toma, de la que se cumplen 8 años de ocupación. A partir de este proceso, en donde sacamos la primera expropiación de la provincia, se abrió la ley de expropiaciones para un montón de lugares”. Después, Sergio Marioni sugirió: “habría que hacer un paneo general para ver qué pasó con las 280 cooperativas que surgieron desde estos ocho años en adelante, o sea cómo están, cómo han quedado, si existen... porque nosotros creemos que una cooperativa, en este momento y en este marco de la economía capitalista, no puede existir sin un subsidio del estado. O sea que el estado es el principal garante de su subsistencia. Hoy Mahle podría subsistir si el estado argentino invierte capital en la empresa y le abre un mercado al exterior, porque el mercado interno es muy chico. Hay que pensar eso”.

Un proyecto de ley para los que recuperaron la libertad

(Por Valentina Machuca, abogada, miembro del Partido Comunista de Córdoba y asesora del bloque legislativo Partido Comunista-Peronismo Militante)

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vances de la gestión legislativa en Córdoba. Desde el bloque Peronismo Militante-Partido Comunista, bloque unipersonal que integra nuestro Partido en la Legislatura de la Provincia de Córdoba, se presentó con fecha 30 de Junio el proyecto de ley nº 3022 L 09 que tiene por finalidad garantizar el acceso al trabajo de personas que recuperaron su libertad, ya sea por haber cumplido su condena penal, por gozar de un régimen de libertad asistida o por haber recuperado su libertad encontrándose bajo el régimen de la prisión preventiva.

En la elaboración de este proyecto participaron voces autorizadas que conocen la realidad de este sistema penitenciario; así contamos con el valorable aporte de abogados de la Casa del Liberado, abogados, profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho y Cs. Sociales de la UNC, que tienen a su cargo la ejecución de un programa de extensión universitaria que se aborda en la cárcel de mujeres en Bower.

El proyecto consiste en la creación de cupos destinados a estas personas dentro de la planta de empleados de la administración pública provincial, empresas licitadas en la prestación de servicios públicos y empresas que obtienen beneficios fiscales y subsidios por parte de la Provincia, comprometiendo así, en este último grupo a las grandes automotrices que cada año se ven exentas de impuestos y costos en el marco de las políticas de promoción industrial.

Con esta iniciativa se pretende dar respuesta a la difícil situación por la que atraviesan estas personas que al igual que el resto de la población tiene dificultades para acceder al trabajo, pero además de ello cargan con el “estigma del penado”, con antecedentes que no sólo no permiten su reinserción laboral sino que, más grave aún, lo marginan socialmente.

La voz cantante pide mayor seguridad, pena de muerte, más represión, judicialización de los niños y niñas, pero no propone nada cuando una persona que cumplió su condena, que pago su deuda para con la sociedad según así lo entiende este sistema, sale a la calle y sólo encuentra puertas cerradas. En el diseño de las políticas de seguridad, también debe abordarse esta problemática, pero debe hacerse en forma coordinada con los ministerios de educación, trabajo y desarrollo social, desplegando una política con una mirada integral.